“Viven una fantasía revolucionaria”, dijo Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, al acusar a los estudiantes que el 7 de octubre ingresaron a la Secretaría de Educación de buscar que caiga el Gobierno. La protesta en el Palacio Pizzurno reclamaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y otras medidas para el sector.

Decenas de estudiantes realizaron una sentada en el hall durante la tarde, bajo una lluvia torrencial, y luego ingresaron al edificio para pedir una reunión con Carlos Torrendell, responsable del área. Además de reclamar el cumplimiento de la ley, pidieron un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo y mayores partidas para residencias y comedores universitarios. Valentina Bär Larralde presentó la toma como último recurso: “Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el congreso ya se posicionó y la justicia ya sentenció”.

Alejandro Álvarez comparó la protesta con las movilizaciones estudiantiles de París y dijo que los manifestantes buscaban trasladar ese escenario a Buenos Aires. “Ellos creen que pueden hacer ‘la gran París’, pero bueno, viven en ese mundo, pretenden generar un hecho revolucionario y que caiga el Gobierno”, afirmó. También sostuvo que los convocantes llamaban “al asalto del edificio” y no eran agrupaciones estudiantiles sino “partidos políticos”. Responsabilizó por los incidentes a dos organizaciones de izquierda: una vinculada al Partido Comunista Revolucionario y otra a La Mella, relacionada con Juan Grabois.

El subsecretario sostuvo que los videos difundidos por los propios manifestantes mostraban que primero pidieron hablar con las autoridades y después “forzaron el ingreso al edificio”. “Son los videos que ellos mismos difundieron”, señaló. Los organizadores afirmaron que “se trató de una protesta pacífica”; Álvarez consideró que las imágenes mostraban lo contrario y dijo: “Lo único que hacen es agredir a gente que estaba trabajando”.

El Gobierno anunció una denuncia judicial

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, calificó la protesta de violenta y acusó daños al patrimonio público. La cartera, conducida por Sandra Pettovello, anunció que presentaría “la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”. “Por la fuerza, nada”, escribió la ministra, quien también afirmó: “El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.

Carlos Torrendell había aceptado recibir a un grupo de representantes estudiantiles, pero el encuentro se frustró. Agostina Olivera, una de las participantes, contó: “Torrendell nos tomó el pelo. Se sentó y a los tres minutos lo llamó Sandra Pettovello y le dijo que se tenía que ir, que con nosotros no podía ni hablar de negociar”. La Policía Federal intervino y desalojó la protesta; luego, los uniformados abrieron un pasillo para que los estudiantes salieran. Cuando llegó un camión hidrante y los efectivos se prepararon para avanzar, los manifestantes se retiraron pacíficamente por la plaza. Alejandro Álvarez dijo que entre ellos estaban el diputado nacional Itaí Hagman y dirigentes de gremios docentes y no docentes; Lucía Cámpora acompañó desde afuera del Palacio.

Los estudiantes convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en reclamo del cumplimiento de la ley y de la inclusión de esas partidas en el Presupuesto 2027. Álvarez cuestionó que se la presente como una movilización universitaria: “No va a haber una manifestación de universidades. Va a haber una manifestación opositora para voltear el decreto del Gobierno, el DNU 70, frente al Congreso de la Nación”. Las universidades reclamaban una recomposición salarial pendiente del 33,4%; el Gobierno había ofrecido un 3% para septiembre y otro 3% para octubre. También pedían una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y $50.000 millones para hospitales universitarios, fondos que, según las universidades, no habían recibido. El Presupuesto 2027 presentado por el oficialismo prevé $7,349 billones para el sector, frente a los $11 billones estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional.