En la Causa Vialidad, la Justicia rechazó el pedido de Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso de sus bienes. El fallo del 8 de octubre también desestimó el recurso de un directivo de las sociedades vinculadas y permitió que continúe el trámite de ejecución patrimonial, aunque el remate de los inmuebles depende de una resolución de la Corte Suprema.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, resolvió por unanimidad. El tribunal calificó de “inadmisibles” los recursos: uno fue presentado por los hermanos y el otro por Sebastián Sánchez, director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

Los planteos cuestionaban una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado reposiciones contra el decreto del 26 de agosto. Los hermanos solicitaron frenar el incidente de ejecución patrimonial y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja sobre la procedencia del decomiso. Esa presentación seguía pendiente después de que Casación rechazara, a fines de mayo, los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos. La defensa sostuvo que avanzar antes de una decisión del máximo tribunal podía frustrar su revisión y volver ilusoria una resolución favorable; también invocó el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad, y cuestionó que la medida alcanzara bienes de personas no condenadas.

La Cámara consideró que la resolución recurrida no era una sentencia definitiva ni podía equipararse a una. También señaló que no impedía que continuara el trámite, por lo que no cumplía los requisitos para habilitar los recursos de casación. Los jueces agregaron que las defensas no acreditaron un perjuicio concreto y actual de imposible o tardía reparación posterior.

El reclamo de las empresas y el alcance del decomiso

Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. cuestionaron que se hubiera postergado su intervención mientras seguían vigentes embargos sobre 13 inmuebles de su propiedad. Las firmas alegaron que la demora las perjudicaba y que, como personas jurídicas con patrimonio propio, debían poder defenderse antes de que se resolviera el decomiso de sus bienes. La Cámara respondió que el pedido fiscal sobre esos activos todavía no había sido sometido a traslado ni debate y que las empresas podrían plantear sus defensas cuando se sustanciara formalmente.

La Sala IV aclaró que los planteos no habían sido rechazados de manera definitiva: su tratamiento se había diferido y podía retomarse en la etapa procesal correspondiente. También sostuvo que los embargos son medidas preventivas, que no modifican la titularidad registral de los inmuebles ni anticipan el destino final de los bienes. La queja pendiente ante la Corte, añadió, no suspende la potestad del tribunal oral para realizar actos preparatorios y dictar medidas cautelares destinadas a asegurar el decomiso.

El monto actualizado quedó fijado en 684.990.350.139,86 pesos; en julio, la Corte Suprema había desestimado las quejas contra ese cálculo. La ejecución en la Causa Vialidad contempla la subasta virtual de 111 inmuebles propuestos por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero el Tribunal Oral Federal N.º 2 no puede avanzar con su decomiso hasta que la Corte resuelva las quejas de las defensas. En un pedido fiscal separado se incluyeron otros 141 inmuebles, 46 automotores, 5.656.134 dólares y 53.280,24 pesos. Antes de transferir los inmuebles y rematar los restantes, deben completarse la tasación y la respuesta de la Corte sobre cuáles propiedades quiere para uso del Poder Judicial.