En una decisión contundente, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, junto con otros dirigentes de la organización. Además de confirmar los cargos iniciales, la Justicia Federal agravó los delitos imputados, incluyendo “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens determinaron que Belliboni y sus asociados aprovecharon su posición dominante para exigir aportes económicos a personas de escasos recursos, quienes se encontraban fuera de un programa destinado a promover su inclusión social. El fallo señaló que estas exigencias no solo afectaron a quienes gestionaban los comedores y eran referentes locales, sino también a los líderes del movimiento social, quienes se beneficiaron directamente de los recursos recaudados.

“La administración fraudulenta, las amenazas coactivas y la extorsión cometidas por los dirigentes del Polo Obrero representan una grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos y las responsabilidades inherentes a su cargo”, declaró el tribunal. Además, aclararon que la investigación no busca criminalizar a las organizaciones sociales ni a las protestas que lideran, sino identificar y sancionar a aquellos que se aprovecharon de situaciones legítimas para obtener beneficios personales.

Origen de la causa y desarrollo del caso

La investigación se originó el 20 de diciembre, día en que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra el Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad habilitó el número 134 para denuncias anónimas. El fiscal Gerardo Pollicita focalizó la investigación en las 45 denuncias recibidas en la Capital Federal, de las cuales se localizaron siete individuos, cinco de los cuales declararon.

Los allanamientos realizados permitieron la incautación de documentos y fondos que evidenciaron el uso indebido de recursos destinados al programa “Potenciar Trabajo”. El juez Sebastián Casanello, en una decisión previa, procesó a Belliboni y otros por desvío de fondos y extorsión, afirmando que se utilizó el dinero recaudado para financiar actividades partidarias.

Argumentos y defensas de los acusados

Los acusados, incluyendo a Belliboni, negaron rotundamente las acusaciones, calificándolas de persecución política dirigida por el Gobierno contra las organizaciones populares. Argumentaron que las exigencias de participar en movilizaciones y aportar dinero eran necesarias para el funcionamiento del programa social y que no hubo intención de defraudar al erario público.

Sin embargo, la fiscalía apeló el fallo inicial, argumentando que las extorsiones y amenazas debían involucrar a los líderes de la organización en lugar de limitarse a algunos dirigentes puntuales. La Sala I de la Cámara Federal confirmó esta apelación, calificando las exigencias de asistir a movilizaciones como amenazas coactivas y las obligaciones de aportar un porcentaje del sueldo como extorsión.

Detalles del fallo y responsabilidades atribuidas

El tribunal destacó que Belliboni, junto con Jeremías Cantero, Gianna Puppo e Iván Candotti, encabezaban una “mesa central” que organizaba y dirigía las actividades del Polo Obrero. Estos líderes eran responsables de centralizar la recaudación de fondos y distribuir los recursos de manera fraudulenta, beneficiándose personalmente de los aportes exigidos a los beneficiarios del programa social.

Los jueces señalaron que, aunque no se comprobó un enriquecimiento ilícito directo, el uso de facturación apócrifa y la simulación de gastos evidenciaron una clara intención de desviar fondos públicos para fines partidarios. Además, se determinó que las exigencias impuestas a los beneficiarios vulnerables afectaron su autonomía personal y financiera.

Próximos pasos en el proceso judicial

En la siguiente etapa procesal, se escucharán las declaraciones de los implicados y se analizarán las listas y recibos de las “cápitas” incautadas durante los allanamientos. El objetivo es determinar la cantidad de víctimas afectadas y establecer medidas para la devolución actualizada de las sumas retenidas de manera extorsiva.

El tribunal también rechazó los argumentos de defensa que sostenían la falta de conocimiento técnico de los acusados sobre el desvío de fondos, afirmando que los mensajes y documentos presentados demostraban claramente su participación consciente en la alteración de los objetivos del programa social.