Hace instantes, el juez federal Julián Ercolini desestimó el pedido de nulidad presentado por la defensa del expresidente Alberto Fernández y confirmó su citación a declarar el próximo miércoles en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su gestión.

La abogada defensora de Fernández, Mariana Barbitta, había solicitado «la nulidad absoluta» del llamado a indagatoria, argumentando que la convocatoria «carece de fundamentos que la motiven» y que vulnera garantías constitucionales, como los principios de legalidad, culpabilidad, congruencia y el derecho de defensa. Sin embargo, el magistrado rechazó el planteo «in limine», es decir, sin darle trámite formal.

El 1 de noviembre pasado, Ercolini consideró que existía «mérito suficiente» para convocar al expresidente a prestar declaración indagatoria. Para ello, fundamentó su decisión en la necesidad de que Fernández ejerza su derecho a defensa ante los cargos que se le imputan. La principal acusación es por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Detalles de la causa

Según la investigación, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, Fernández y otros coimputados habrían participado en un esquema coordinado para direccionar la contratación de intermediarios en seguros tomados por distintas reparticiones públicas con Nación Seguros S.A. Se alega que estos intermediarios, en muchos casos innecesarios, habrían recibido elevadas comisiones sin prestar una contraprestación real.

El fiscal sostiene que funcionarios públicos habrían operado en connivencia con el expresidente para favorecer a ciertos intermediarios. Los cuales eran designados sin procesos de selección, lo que habría permitido el cobro de comisiones significativas. Además, se señala que un decreto firmado por Fernández el 2 de diciembre de 2021 incrementó notablemente estas intermediaciones. Aunque ya se recurría a ellas antes, dicha norma habría formalizado la modalidad que facilitó la maniobra investigada.

El magistrado destaca que una versión previa del decreto contemplaba límites que finalmente no fueron incluidos en la versión final. Según las estimaciones judiciales, tres productores de seguros —Héctor Martínez Sosa, Oscar Alberto Castello y Pablo Torres García— habrían recibido el 87% de las comisiones pagadas, sumando un total de $3.364.522.944, ya sea de forma directa o a través de brokers y empresas vinculadas.

La indagatoria de Fernández estaba inicialmente programada para la semana pasada, pero a pedido del fiscal Carlos Rívolo, fue postergada para este miércoles. Se espera que el expresidente brinde su versión de los hechos y presente las pruebas que considere pertinentes en su defensa.