La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ha realizado cambios significativos en su estructura interna, especialmente en el área encargada de fiscalizar el sector tabacalero. En las últimas semanas, al menos cuatro directores han sido reubicados, mientras que dos funcionarios cercanos al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, han sido promovidos a cargos estratégicos.

Estos movimientos buscan intensificar las acciones para cobrar una deuda estimada en 1.300 millones de dólares a Tabacalera Sarandí, cuyo titular es Pablo Marcelo Otero, conocido como el «Señor del Tabaco». Según fuentes de la ARCA, la empresa adeuda alrededor de 195.824 millones de pesos entre 2018 y 2023, equivalentes a 1.296 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cada año.

Reestructuración en la ARCA

Claudio Castagnola y Marcelo Lafont, colaboradores cercanos de Vázquez, han sido designados como director y subdirector de operaciones impositivas en la división de Grandes Contribuyentes Nacionales. Tendrán entre sus responsabilidades el control y fiscalización de Tabacalera Sarandí. Estos nombramientos, publicados en el Boletín Oficial, coinciden con el desplazamiento de otros funcionarios que venían desempeñándose en áreas clave del organismo.

Entre los desplazados se encuentran Adrián Facchin, Pablo Anghres Meléndez, Leonardo Arizmendi y Gustavo Pandazi, quienes ocupaban cargos de peso dentro del organigrama de la exAFIP. Pandazi, por ejemplo, era supervisor en la división de fiscalización externa en grandes contribuyentes y tenía a su cargo la supervisión de empresas como Massalin Particulares y Tabacalera Sarandí.

La deuda de Tabacalera Sarandí

Tabacalera Sarandí ha experimentado un crecimiento notable en la última década, pasando de una participación de mercado del 5% a casi el 40%. Este incremento se atribuye, según algunas fuentes, al presunto incumplimiento en el pago del impuesto mínimo interno al sector y a un fallo de la Corte Suprema a mediados de año que habría beneficiado a la compañía.

Otero ha salido recientemente a defenderse en los medios de comunicación, argumentando que es objeto de una campaña de desprestigio por parte de sus competidores, de algunos medios y de la propia ARCA. El empresario ha negado las acusaciones y ha cuestionado las acciones del organismo recaudador.

Según datos internos de la ARCA, la deuda acumulada por Tabacalera Sarandí entre agosto de 2018 y noviembre de 2023 asciende a 195.824 millones de pesos. Estas cifras, convertidas al dólar promedio de cada período, totalizan aproximadamente 1.296 millones de dólares.

Acciones de la ARCA y antecedentes

El jefe de la DGI, nombrado hace poco más de un mes, ha impulsado estas reestructuraciones con el objetivo de fortalecer las investigaciones sobre posibles incumplimientos fiscales en grandes compañías. Vázquez, con una trayectoria que se remonta a 1988 en el organismo, busca intensificar las acciones de control en el sector tabacalero.

Anteriormente, ya había supervisado a Otero cuando estaba al frente de la Regional Sur Metropolitana, situación que generó controversias por presuntos favoritismos hacia Tabacalera Sarandí. Ahora, con su equipo renovado, pretende avanzar en la fiscalización y cobro de las deudas pendientes.

Respuesta de Pablo Otero

Otero ha manifestado que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y que se trata de una estrategia para desprestigiarlo. El empresario ingresó al blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno, declarando 60 millones de dólares en efectivo. Esta acción podría ser interpretada como un intento de regularizar parte de su situación fiscal.

Sin embargo, las autoridades fiscales sostienen que la empresa continúa subdeclarando los precios de los cigarrillos que comercializa, lo que impacta en el pago de impuestos. Por ejemplo, el precio declarado ante la ARCA de su marca más conocida, Red Point, es de $800, mientras que se vende en el mercado a $1.900.

Contexto del mercado y futuras acciones

El mercado de cigarrillos en Argentina está dominado por tres empresas principales: Massalin Particulares (subsidiaria de Philip Morris) con el 50% de participación, Tabacalera Sarandí con cerca del 40%, y BAT con el restante 10%. El crecimiento de Sarandí ha generado tensiones en el sector, especialmente por las denuncias de competencia desleal y evasión fiscal.

La ARCA intensifica sus esfuerzos para cobrar las deudas tributarias y regularizar el mercado. El fallo de la Corte Suprema que revocó una ejecución anticipada de una sentencia previa contra Sarandí aún no resuelve la constitucionalidad del impuesto mínimo que la empresa supuestamente no pagó.