La ronda de indagatorias en la Causa Seguros ya comenzó con la declaración del expresidente Alberto Fernández el pasado miércoles. Sin embargo, hoy continuará con María Cantero, quien fue secretaria privada del exmandatario argentino, y su pareja, Héctor Martínez Sosa, broker de seguros que se vio beneficiado por el decreto 823/21.

El juez Ercolini sostiene que Cantero «poseía un lugar de privilegio» y que conocía el trasfondo del decreto por su condición de ser la «histórica secretaria» del expresidente, tiempo después «devenida en secretaria presidencial y sin que existieran procesos de selección alguno». En este sentido, y teniendo en cuenta su parentesco con Martínez Sosa, sospechan de un acuerdo para el desvío de fondos públicos.

Héctor Martínez Sosa recibió 366.635.744 pesos por comisiones durante el gobierno de Alberto Fernández y tuvo contratos con 19 organismos públicos, según una auditoría de Nación Seguros. Al poseer todos los seguros del Estado, este empresario se quedó con todo el negocio e incluso tercerizó su trabajo porque la demanda lo superaba.

También están citados a indagatoria Pablo Torres García y Oscar Castello, quienes podrían presentar escritos al igual que Cantero y Martínez Sosa, siguiendo la línea que comenzó el pasado miércoles el expresidente del PJ. Cabe recordar que en todos los casos las citaciones se postergaron, porque en un principio iban a ser en la semana del 20 de noviembre.

A los acusados se les imputa Â«haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´».

Causa Seguros: la indagatoria a Alberto Fernández

En la mañana del miércoles, Alberto Fernández negó las acusaciones en su contra y presentó un escrito en el que expuso su posición. Durante la audiencia, respondió únicamente a las preguntas formuladas por su abogada defensora, Mariana Barbitta, y evitó contestar las interrogantes del juez y del fiscal y se retiró por una puerta secundaria, evadiendo a los medios de comunicación.

El expresidente está acusado de presunta «administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública». Según la investigación, se lo vincula con una supuesta maniobra para direccionar contratos de seguros de organismos estatales hacia determinadas empresas durante su mandato.

El expresidente sostuvo que el decreto era «jurídicamente impecable y legítimo», y que su propósito era «cortar la cartelización» en el sector. Por su parte, su abogada señaló que el dirigente peronista no tiene vinculación alguna con la maniobra que se le imputa y que desconocía del rol de Martínez Sosa en Nación Seguros.