El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que el Gobierno nacional adoptará medidas destinadas a garantizar que el acceso a los cargos públicos se rija exclusivamente por la idoneidad de las personas, eliminando cualquier tipo de política que pueda considerarse ideológica o discriminatoria. Las declaraciones se hicieron públicas a través de las redes sociales del portavoz.

“El Gobierno nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas”, escribió Adorni. Además, enfatizó: “La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley”.

Aunque Adorni no especificó qué normativas planea revisar el Ejecutivo, el comentario ha generado especulaciones en torno a las actuales políticas de cupos laborales. Entre ellas, se destaca el cupo travesti-trans, que garantiza al menos un 1% de los cargos estatales para personas travestis, transexuales y transgénero. También está vigente la ley 24.012, que establece un cupo femenino del 30% para las listas partidarias en elecciones, así como las normativas de paridad de género en el ámbito legislativo, que requieren la alternancia de mujeres y varones en las candidaturas.

El anuncio de Adorni coincide con la implementación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) por parte del Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger. Este mecanismo propone evaluar a unos 40 mil trabajadores estatales cuyos contratos expiran a fin de año. Los modelos de evaluación ya están disponibles en el sitio oficial Argentina.gob.ar, y los exámenes se rendirán a partir de diciembre para determinar la renovación de los contratos.

Las medidas anunciadas han despertado un intenso debate en los ámbitos político y social. Mientras algunos sectores consideran que la reforma busca profesionalizar la administración pública, otros advierten que podría afectar derechos conquistados por grupos históricamente relegados. Se espera que en los próximos días el Ejecutivo brinde mayores detalles sobre las iniciativas.