El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha generado controversia al proponer la incorporación de Jessica Valentini al Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Valentini, quien ha servido en las administraciones de José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y en la actual gestión de Llaryora como intendente de la ciudad, es impulsada por el gobernador para ocupar la vacante dejada por Mercedes Blanc de Arabel.

Aunque Valentini inició su carrera como militante de la Unión Cívica Radical (UCR) bajo la tutela de Mario Negri y trabajó para los gobernadores Eduardo Angeloz y Ramón Mestre, ha mantenido su posición dentro del «peronismo cordobés». Durante su tiempo en el gobierno de Llaryora, desempeñó roles como defensora adjunta del Pueblo, titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y coordinadora del Observatorio de Violencia, además de servir como Oficial Mayor de la Municipalidad.

En la documentación presentada para su nominación, Valentini, oriunda de San Francisco, destaca por sus sólidos antecedentes académicos. El gobernador busca que la Legislatura apruebe su designación antes del 27 de diciembre, fecha en la que concluye el año legislativo. Junto a Valentini, también se han propuesto a Pablo Bustos Fierro para el cargo de Defensor General del Ministerio Público de la Defensa y a Pablo Pupich como Defensor Adjunto.

Frenos a la candidatura

Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia. Los legisladores que representan a Luis Juez han expresado su negativa a votar por Valentini. El senador nacional del PRO declaró a Radio Nacional: “No tengo nada personal con la postulada. Trabaja para el poder. No creo en la Justicia de los familiares, de los parientes, de los amigos”. Esta postura refleja las tensiones dentro de la Legislatura bonaerense sobre la influencia política en el nombramiento de cargos judiciales.

La creciente «transversalidad» en la construcción política promovida por Llaryora, conocida como “cordobesismo”, ha difuminado las líneas entre el pluralismo y la distribución de cargos políticos. Durante la formación de listas para las elecciones de 2023, tanto el PRO como la UCR enfrentaron crisis internas, lo que llevó a varios miembros a alinearse con la estrategia del gobernador.

A pesar de que la afiliación de Valentini a la UCR sigue vigente, existe un impedimento real para su designación en el Tribunal Superior de Justicia. La legisladora oficialista Nadia Fernández comentó en redes sociales: “No pongo en duda la capacidad profesional de la Dra. Valentini, pero no estoy de acuerdo con que una militante radical sea propuesta al TSJ. En el justicialismo hay mujeres con una gran trayectoria judicial que también podrían ocupar ese lugar”. Fernández enfatizó que la propuesta favorece a una militante de un partido distinto al gobierno provincial, lo que ha generado debate sobre la equidad y la representación política en los nombramientos judiciales.

Voces a favor

Por otro lado, la senadora nacional Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti, ha respaldado la propuesta, argumentando a favor de la paridad de género. Vigo sostuvo: “Destaco la equidad de género en la propuesta del Gobernador al impulsar el nombramiento de una mujer que, además de contar con trayectoria, pertenece a un espacio político distinto al del gobierno provincial. Eso es beneficioso para la salud institucional de Córdoba”. Este argumento resalta la importancia de diversificar las perspectivas dentro del Poder Judicial para fortalecer su funcionamiento institucional.