Un testimonio revelador expuso el rol clave de una vivienda en Barracas en la planificación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Diego Hernán Fernández González, vecino del lugar, llamó al 911 el 4 de septiembre de 2022 para denunciar que en la casa de al lado, la banda de los copitos, había planeado el intento de magnicidio contra la expresidenta de la Nación. A pesar de la alerta, la respuesta policial fue mínima y desconcertante: agentes de civil le pidieron que «no se meta», y un patrullero solo apareció brevemente en la esquina sin intervenir.

La vivienda señalada, ubicada en la Avenida Montes de Oca al 1200, era frecuentada por integrantes del grupo conocido como «los copitos», entre ellos Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Carrizo, ambos acusados en el juicio. Ese mismo día, horas después de la llamada, Uliarte fue detenida en la estación Palermo cuando intentaba escapar en tren, tras ser identificada por el movimiento de su celular.

Según el abogado José Manuel Ubeira, representante de la querella de la expresidenta, los hechos demuestran la existencia de una «zona liberada» tanto en Barracas como en Recoleta, donde ocurrió el atentado. Ubeira cuestionó la falta de acción de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que no protegió ni investigó adecuadamente. “En el relato del testigo se evidencia la ausencia de voluntad de investigar: el patrullero no llega y los agentes le dicen que no se meta en el tema”, señaló.

El testigo explicó que la vivienda pertenecía a Sergio «Checho» Orozco, integrante del grupo de vendedores de algodón de azúcar liderado por Carrizo. En el lugar, según su relato, se realizaban reuniones y fiestas, y se instaló una máquina para fabricar los copos. Fernández González señaló que los vecinos sabían quiénes frecuentaban la casa, pero que tras el escándalo prefirieron no involucrarse en la causa y no dar testimonios a la Justicia.

El testigo relató que decidió llamar al 911 tras reconocer a los implicados en la televisión, donde dieron una entrevista a Telefe intentando despegarse del hecho. Sin embargo, en los días posteriores al atentado, surgieron pruebas que vinculaban directamente a Uliarte y Carrizo con la planificación del ataque, incluyendo mensajes donde el líder del grupo se jactaba de su participación.

La llamada de Fernández González al 911 dejó en evidencia la falta de preparación de los operadores y la inacción policial. En la conversación, irritado por la respuesta del operador, insistió en que enviaran un móvil para detener a los responsables. No obstante, el patrullero nunca llegó a la dirección exacta. Según su testimonio, agentes de civil lo disuadieron de continuar con el tema.

La querella apunta a la negligencia de la Policía de la Ciudad en el caso por cuestiones políticas

Para la querella de la líder de Unión por la Patria, este testimonio es un elemento clave que refuerza la hipótesis de negligencia e inacción en las instancias iniciales del caso. A medida que avanza el juicio, el rol de las fuerzas de seguridad y las omisiones en la protección de la expresidenta se encuentran bajo escrutinio, agregando un nuevo capítulo al intento de magnicidio que conmocionó al país.