La Cancillería argentina volvió a manifestarse sobre la situación de los refugiados en la embajada argentina en Caracas. La semana pasada, el delegado argentino en la Corte Penal Internacional (CPI), Mario Oyarzábal, denunció que el régimen de Nicolás Maduro cortó los suministros de electricidad y agua en la embajada. Ahora, Cancillería volvió a exigir al presidente venezolano salvoconductos para que los refugiados puedan abandonar el país.

«La Cancillería Argentina expresa su máxima preocupación ante la alarmante y grave situación de la Embajada Argentina en Caracas, donde la vida de seis aislados enfrenta un peligro inminente«, expresó la oficina que maneja Gerardo Werthein en un comunicado en redes sociales. «Exigimos al régimen de Nicolás Maduro la inmediata entrega de lo salvoconductos necesarios que garanticen su salida segura», agregó la publicación en X.

Cancillería también elevó un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a tomar acción ante la situación en Venezuela, pidiendo «que se adopten medidas firmes y urgentes». Desde mediados de marzo, seis miembros del equipo de la líder opositora, María Corina Machado, se encuentran recibiendo asilo político en la embajada. Pedro Urruchurtu Noselli, Magalí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola son los nombres de los asesores refugiados.

La situación de los refugiados

El gobierno argentino puja para que el régimen de Maduro emita salvoconductos para que loos refugiados puedan dejar la embajada argentina en la capital venezolana, la cual estuvo bajo un «asedio policial» la mayor parte del año, especialmente luego de que se realizaran los comicios electorales y se declarara ganador a Maduro, a pesar de que las encuestas arrojaran que el candidato de Corina Machado, Edmundo González Urrutia, había sido elegido.

En este contexto, los refugiados continuaron viviendo en la embajada, a pesar de que el equipo diplomático haya sido forzado a dejar el país por un ultimátum de Maduro. Actualmente, el edificio está bajo el cuidado de Brasil. El pasado 23 de noviembre, Pedro Urruchurtu Noselli denunció «amenazas de ingreso» y que el edificio no estaba recibiendo agua potable ni electricidad, y que por «algunos incidentes» había restricciones para el acceso de comida.