El Gobierno de Javier Milei derogó la emergencia territorial indígena y pone fin a la protección especial que suspendía los desalojos de tierras ocupadas por comunidades indígenas como los indios mapuches desde 2006, en el marco de la Ley 26.160 y su posterior prórroga.

El decreto 1083/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, argumenta que la norma ha sido objeto de un «uso abusivo, subjetivo y discrecional». Según el texto oficial, esta emergencia territorial «limitaba el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas» en las tierras en cuestión, afectando los derechos de propietarios y ciudadanos.

Un mensaje duro del Estado nacional a la comunidad mapuche

El Poder Ejecutivo también señaló que, tras 18 años de vigencia, la ley había dado lugar a acciones que avasallaron «los derechos de la ciudadanía» y agraviaron «las prerrogativas soberanas del Estado». Estas críticas se suman a las tensiones por disputas territoriales en provincias como Chubut, donde comunidades mapuches mantienen conflictos legales por la ocupación de tierras en el Parque Nacional Los Alerces.

Con la derogación, se podrán agilizar los desalojos en territorios en disputa, lo que podría escalar las tensiones con representantes de los pueblos originarios. Organizaciones indígenas y de derechos humanos han cuestionado la medida, advirtiendo sobre el riesgo de desplazamientos forzados y la pérdida de tierras ancestrales.

El decreto también justificó la decisión al señalar que muchas comunidades se han «fragmentado», dificultando el cumplimiento del objetivo inicial de la emergencia. Además, destacó que la prórroga indefinida de la norma había generado situaciones de conflicto con actores económicos y sociales.

La derogación de la ley es vista por el gobierno como parte de su política de liberar el uso de tierras para actividades productivas. Sin embargo, enfrenta críticas de sectores que denuncian una falta de consulta previa con las comunidades afectadas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, al que Argentina adhiere.

El fin de la emergencia territorial indígena marca un cambio de rumbo en la relación del Estado con los pueblos originarios. La medida ya genera reacciones divididas: mientras sectores productivos la celebran como un avance en la seguridad jurídica, defensores de los derechos indígenas alertan sobre un posible incremento de los conflictos sociales en las regiones afectadas.