El sector de las prepagas vuelve al centro de la polémica tras el anuncio de nuevos aumentos en las cuotas para enero de 2025. Estos incrementos, que no están directamente vinculados a una fórmula específica, deben ser comunicados siguiendo las nuevas normativas establecidas por la Superintendencia de Servicios de Salud, en un contexto marcado por la desregulación implementada por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, emitido a finales de 2023 por el gobierno de Javier Milei.

Desde septiembre de este año, rige la resolución 2155, que obliga a las prepagas a notificar los incrementos de cuotas dentro de los cinco días posteriores a la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC. Además, las empresas deben detallar en las comunicaciones el costo base del plan, ajustes por edad o factores de riesgo, aportes percibidos y los impuestos incluidos.

Con la publicación de la inflación de noviembre, que fue del 2,4%, las entidades comenzaron desde ayer a enviar notificaciones de aumentos que se aplicarán en enero. Según fuentes del sector, mientras algunas empresas como Medifé o Swiss Medical aplicarían subas cercanas al índice inflacionario, otras, como el Hospital Italiano, ya informaron incrementos del 3,9%.

La libertad de fijar precios

El DNU 70 otorgó a las prepagas libertad para definir sus aumentos de cuotas, eliminando regulaciones previas que limitaban su capacidad de ajuste. Esta decisión gubernamental, implementada en los primeros días de la gestión Milei, generó fuertes tensiones al inicio de 2024, cuando algunas empresas anunciaron incrementos de hasta el 40%.

Estas medidas desataron denuncias por presunta cartelización y la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que imputó a siete empresas del sector. Aunque la denuncia inicial se amplió a decenas de entidades, las imputaciones se limitaron a las incluidas en el expediente original.

Repercusiones y acuerdos judiciales

Tras las críticas recibidas en redes sociales y en el ámbito político, el Gobierno nacional impulsó una revisión de los aumentos aplicados al inicio de 2024. En mayo, se firmó un acuerdo judicial entre las empresas y el Estado, en el que las prepagas se comprometieron a realizar devoluciones en doce cuotas mensuales. Sin embargo, estos reintegros no equivalen a la diferencia entre lo cobrado y lo que hubiera correspondido aplicar según la inflación, siendo los montos considerablemente inferiores.

El pacto también permitió a las prepagas retomar la libertad para fijar precios a partir de julio, dejando atrás el esquema temporal que vinculaba los aumentos al IPC. Esto marcó el regreso de la autonomía en la fijación de las cuotas, aunque bajo la lupa de los usuarios y organismos de control.

Perspectivas para el 2025

El escenario para las prepagas en 2025 estará marcado por las tensiones entre la libertad de mercado otorgada por el DNU 70 y las expectativas de los usuarios en un contexto económico desafiante. Si bien la nueva normativa busca mayor transparencia en la comunicación de aumentos, la ausencia de límites claros para los reajustes podría generar nuevos conflictos, especialmente si los incrementos superan ampliamente la inflación.