Un informe reciente reveló el costo de los concejos deliberantes en 55 ciudades argentinas y, de acuerdo al presupuesto total destinado a estas legislaturas municipales durante 2024, asciende a $123.289 mil millones. Este gasto representa, en promedio, un costo promedio anual de $129.400 millones por concejal, una cifra que evidencia la necesidad de reformas en estas instituciones que dependen de municipios y provincias.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán encabeza el ranking del estudio elaborado por la Fundación Libertad como el más costoso del país, con $668,3 millones anuales. Le siguen Río Gallegos con $639,3 millones y San Salvador de Jujuy con $564 millones. Por otro lado, ciudades como Rosario y Córdoba tienen costos más moderados, aunque todavía altos, con $285,6 y $285,1 millones anuales por concejal, respectivamente, más de 2,2 veces el promedio nacional.

Gasto en relación al presupuesto municipal

En promedio, los concejos deliberantes representan el 3,3% de los presupuestos totales de las ciudades. Sin embargo, en algunas localidades, esta proporción es significativamente mayor: Formosa lidera con un 13,7%, seguida por Posadas (11,2%), San Salvador de Jujuy (8,4%), Río Gallegos (8,3%) y Rawson (7,4%).

El principal destino del gasto de los concejos deliberantes es el personal, que representa el 87,4% del total en promedio. Rosario se destaca por ser una de las jurisdicciones que menos destina a personal en términos relativos, con un 68,52% de su presupuesto. Por otro lado, ciudades como Posadas cuentan con 122 empleados por cada concejal, mientras que Córdoba tiene un promedio más bajo de 8 trabajadores por legislador.

Gasto por habitante

El análisis también revela el costo per cápita que los habitantes de estas ciudades deben financiar para mantener sus concejos deliberantes. Río Gallegos lidera con $39.000 por habitante al año, seguida por Río Grande ($33.000) y Ushuaia ($29.000). En contraste, ciudades como Córdoba y Rosario tienen cifras más bajas, con $5.872 y $5.930 anuales por habitante, respectivamente.

El informe subraya que la alta proporción de recursos destinados a estas instituciones no siempre se traduce en beneficios directos para la sociedad. Esto pone en evidencia la necesidad de reformas que eliminen gastos superfluos y optimicen la gestión de los recursos públicos.

Con un promedio de 17 empleados por legislador en el país, las diferencias entre jurisdicciones resaltan ineficiencias estructurales que requieren atención urgente. Según el estudio, estas cifras reflejan la importancia de racionalizar los costos para garantizar que los fondos se destinen a áreas que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.