La Cámara Federal de Apelaciones ha dado un giro judicial significativo al declarar imprescriptible el atentado más mortífero de la organización Montoneros, ocurrido en 1976, y calificándolo como una grave violación de los derechos humanos. La resolución implica la indagatoria del exlíder montonero Mario Firmenich por su presunta responsabilidad en el ataque al comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal, que dejó un saldo de 24 muertos.

El fallo, emitido por la Sala I de la Cámara Federal e integrado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, critica la falta de investigación histórica sobre este caso y subraya la importancia de esclarecer los hechos. Según el tribunal, «las atrocidades de unos no neutralizan los crímenes de los otros». La declaración se refiere tanto a los actos de la organización guerrillera como a los de la dictadura militar que gobernaba en ese período.

El atentado y su contexto

El 2 de julio de 1976, un artefacto explosivo compuesto por 9 kilos de TNT y bolillas de acero fue detonado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. El ataque fue ejecutado por José María Salgado, un infiltrado de Montoneros que previamente había ensayado varias veces el ingreso con paquetes para comprobar la seguridad del lugar. La explosión mató a 24 personas, incluidos tres oficiales, 20 suboficiales y una mujer civil, además de causar decenas de heridos.

El ataque fue reivindicado por Montoneros a través de un comunicado en el que calificaron el hecho como «un acto de guerra» contra lo que consideraban un centro represivo del régimen militar. Sin embargo, según los jueces, el sitio elegido estaba mayoritariamente frecuentado por personal civil y de baja graduación. A su vez, esta información había sido proporcionada por el propio Salgado a sus superiores en la organización.

El fallo judicial

La Cámara Federal criticó la «absoluta inacción» del Estado para investigar el caso en las últimas décadas. Según el fallo, «no hubo nunca un intento serio por esclarecer los hechos ni por dar voz a las víctimas y sus familiares». El tribunal también revocó la extinción de la acción penal y la prescripción, calificando el ataque como una violación grave de los derechos humanos.

El juez Llorens destacó en su voto que, aunque la dictadura militar protagonizó los episodios más atroces de la historia argentina, esto no exculpa a quienes cometieron crímenes desde otras estructuras. Llorens subrayó que «los horrores de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos».

En línea con estos argumentos, los jueces Bruglia y Bertuzzi coincidieron en que la falta de una investigación adecuada afectó gravemente el derecho de las víctimas a conocer la verdad. «Las víctimas y sus familias fueron totalmente ignoradas en el proceso», señalaron.

Implicaciones para Firmenich y otros involucrados

El fallo ordena la indagatoria de Mario Firmenich, quien fue señalado como una figura clave en la estructura de mando de Montoneros. También se reabrirá la investigación sobre otros posibles responsables, como Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta y otros. Sin embargo, la mayoría de estos nombres quedaron en minoría en la propuesta de Llorens para revocar sus sobreseimientos.

La Cámara también dispuso que se realicen nuevas medidas de prueba para establecer responsabilidades directas e indirectas dentro de la cadena de mando de Montoneros. Además, se prevé tomar testimonio de las víctimas y sus familiares, otorgándoles un espacio que, según el tribunal, les había sido negado durante décadas.

Reacciones y próximas acciones

La reapertura del caso fue impulsada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras entidades civiles. Estas organizaciones habían solicitado que se revisara la prescripción del caso. Para ello, argumentaron que la falta de acción judicial durante décadas había sido una omisión grave del sistema de justicia.

El fallo representa un precedente importante en la búsqueda de justicia para los crímenes cometidos durante los años de violencia política en la Argentina. Este nuevo giro deja en claro que ningún sector puede evadir el escrutinio judicial. Las próximas semanas serán clave para determinar los avances en esta causa, especialmente en relación con la declaración indagatoria de Firmenich.