El presidente Javier Milei firmó un decreto que habilita el envío de fuerzas militares para la protección de “objetivos estratégicos” en situaciones de amenaza vinculadas al terrorismo internacional, el crimen organizado u otras agresiones de carácter transnacional o interno. La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue respaldada por los ministerios de Defensa y de Seguridad, y define un marco operativo para la custodia de instalaciones críticas para la soberanía y seguridad del país.

El decreto detalla que los “Objetivos de Valor Estratégico” incluyen bienes, instalaciones o conjuntos de infraestructuras cuya pérdida o daño podría generar graves perjuicios a la población, la economía, el ambiente o la seguridad nacional. Entre estos objetivos figuran plantas nucleares, usinas eléctricas, represas, radares y otras infraestructuras de relevancia estratégica.

Además, la normativa amplía el alcance de las amenazas contempladas, incorporando no solo a actores estatales, como establecía la legislación previa, sino también a organizaciones paraestatales, criminales y grupos terroristas. Según el texto, estas amenazas pueden surgir en períodos de paz, guerra o conmoción interior.

Facultades del Poder Ejecutivo

La nueva disposición otorga al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete la facultad de definir qué bienes e instalaciones serán catalogados como objetivos estratégicos. Esta decisión puede ser propuesta por los ministros de Defensa y Seguridad, quienes evaluarán cada caso conforme a los criterios establecidos en la normativa.

El decreto establece un sistema de cooperación entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, y cuerpos provinciales o municipales. En tiempos de paz, las Fuerzas Armadas pueden ser convocadas para colaborar en la protección de estos objetivos estratégicos. Y se mantendrían bajo la coordinación de los Ministerios de Seguridad y Defensa.

En situaciones de guerra o conmoción interior, los objetivos protegidos por las fuerzas conjuntas quedarán bajo el comando operacional de las Fuerzas Armadas, según los lineamientos de la Ley de Seguridad Interior.

Fundamentos del decreto

En los considerandos del decreto, se resalta que la Ley de Defensa Nacional tiene como objetivo garantizar la soberanía. Así como la independencia, integridad territorial y autodeterminación del país, además de proteger la vida y la libertad de sus habitantes. La medida subraya la importancia de identificar con claridad los bienes e infraestructuras críticas para su protección.

El texto también señala que el terrorismo internacional y el crimen organizado representan amenazas significativas en la agenda de seguridad del siglo XXI. Especialmente, por su capacidad para desestabilizar estados mediante ataques a infraestructuras críticas. En este contexto, se destaca la necesidad de adoptar un enfoque preventivo y coordinado para proteger estos activos estratégicos.

Implicaciones y alcance

El decreto define que los objetivos estratégicos ya identificados mantendrán su calificación y protección, a menos que el Poder Ejecutivo decida lo contrario. También establece un cronograma para actualizar y reforzar las medidas de seguridad en torno a estas instalaciones.

Con esta normativa, el Gobierno busca fortalecer la respuesta estatal ante amenazas complejas y dinámicas, adaptándose a los desafíos de seguridad contemporáneos. La decisión marca un avance en la integración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en un marco operativo conjunto. El cual estará destinado a preservar la infraestructura crítica y la estabilidad nacional frente a riesgos emergentes.