El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una ofensiva legal para frenar lo que considera un abuso impositivo por parte de los municipios del conurbano bonaerense. El gobierno nacional está preparando una demanda judicial contra el municipio de Lomas de Zamora, liderado por el kirchnerista Federico Otermín, en relación al cobro de la «tasa vial», un tributo que impacta directamente en el precio final de los combustibles y que, según la administración central, representa una superposición tributaria prohibida por la Ley de Coparticipación Federal.

La tasa vial es un tributo aplicado por los municipios sobre el litro de combustible con la justificación de financiar el mantenimiento de la red vial local. Su base imponible varía según la jurisdicción, con valores que oscilan entre el 1% y el 2,5%, lo que, según Economía, genera un encarecimiento injustificado en un producto que ya está gravado a nivel nacional con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

“El cobro de esta tasa afecta la Ley de Coparticipación porque genera una duplicación de tributos sobre el mismo hecho imponible”, señalaron fuentes oficiales. Con este argumento, el equipo legal del ministerio trabaja en un recurso originario que será presentado directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Si el fallo favorece al Gobierno, podría extenderse a otros municipios del conurbano que aplican este gravamen.

Lomas de Zamora: el primer blanco

La estrategia de Caputo apunta inicialmente a Lomas de Zamora, una de las localidades emblema del Gran Buenos Aires, donde la tasa vial alcanza el 2%. Sin embargo, el litigio tiene un alcance más amplio. Municipios como Merlo, Pilar y Moreno, que cobran el 2,5%, también estarían en la mira si el fallo de la Corte resulta favorable. Por otro lado, distritos como San Isidro y Tres de Febrero ya eliminaron esta tasa en un esfuerzo por reducir la carga impositiva y fomentar la actividad económica local.

El camino a la judicialización

Antes de avanzar judicialmente, el Gobierno implementó medidas para incentivar a los municipios a reducir o eliminar la tasa vial. En septiembre, se publicó una normativa que obliga a las estaciones de servicio a informar explícitamente si cobran la tasa, buscando generar presión ciudadana. Sin embargo, el impacto de esta medida fue limitado, lo que llevó al ministerio de Economía a optar por la judicialización como próximo paso.

La presentación del recurso legal requerirá meses de preparación, según fuentes de Economía. Sin embargo, Caputo ya dejó en claro que no retrocederá en su intento por eliminar esta carga impositiva. Según las fuentes, se pedirá una medida cautelar para suspender el cobro de la tasa vial mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Un precedente clave: San Isidro y Tres de Febrero

La eliminación de la tasa vial en San Isidro y Tres de Febrero es vista como un modelo por el Gobierno. En San Isidro, la iniciativa fue impulsada por el intendente Ramón Lanús y aprobada unánimemente en el Concejo Deliberante. Según los fundamentos de la norma, esta decisión contribuye a la baja de precios y a la reactivación económica local. En consecuencia, incentivando el desarrollo y la actividad comercial.

En este contexto, la movida judicial liderada por Caputo busca replicar esta lógica a nivel provincial. Y, de esta manera, generando un precedente que podría transformar la estructura impositiva de los municipios del conurbano bonaerense.