La Secretaría de Industria y Comercio dependiente del Gobierno nacional imputó a 94 empresas en 14 provincias por incluir en sus facturas tasas o cargos ajenos a los bienes y servicios contratados. La medida busca garantizar el cumplimiento de la Resolución 267/24, vigente desde el 11 de octubre, que prohíbe estas prácticas.

De acuerdo a datos de la agencia NA, las empresas imputadas operan en Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Además, se abrieron 112 nuevos expedientes para investigar posibles incumplimientos en otras provincias, según informó la Secretaría.

«Una vez recibidas las notificaciones, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo», indicó el organismo. En caso de confirmarse las irregularidades, las compañías podrían enfrentar sanciones económicas que alcanzarían multas de hasta $2.130 millones, según lo establecido por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

En noviembre pasado, la Secretaría ya había imputado a 95 empresas por razones similares. En ese momento, las investigaciones se centraron en compañías con presencia en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Chaco, Jujuy, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero, entre otras.

La orden del Estado nacional que no cumplieron las empresas imputadas

La Resolución 267/24 establece que las facturas de las empresas deben detallar únicamente el servicio contratado y su precio correspondiente, sin incluir tasas municipales u otros cargos adicionales no relacionados. Esta normativa busca proteger a los consumidores de cobros indebidos y prácticas abusivas.

Las investigaciones actuales abarcan diversos sectores, desde servicios públicos hasta telecomunicaciones, y apuntan a erradicar estas prácticas sistemáticas que afectan a miles de usuarios. «Estamos trabajando para garantizar que las empresas respeten los derechos de los consumidores y cumplan con la legislación vigente», señalaron fuentes de la Secretaría.

Con este avance, las autoridades refuerzan su compromiso de fiscalizar y sancionar a quienes incumplen las normativas de defensa del consumidor, promoviendo mayor transparencia en las transacciones comerciales y protegiendo el bolsillo de los argentinos.