El gobernador bonaerense Axel Kicillof, conocido por su estrategia de incrementos impositivos como método de recaudación, ha autorizado un nuevo aumento promedio del 23% en los peajes que conectan la Ciudad de Buenos Aires con los destinos turísticos de la Costa Atlántica. La medida, que se implementa a días del inicio de la temporada de verano, llega en un contexto de profundos cuestionamientos a su gestión, marcada por serios problemas administrativos y una provincia que sigue liderando los índices de pobreza en el país.

Con el ajuste, que rige desde el viernes 20 de diciembre, los viajeros deberán pagar $10.600 para recorrer la Autovía 2 ida y vuelta hacia destinos como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell. Este monto corresponde a $5.300 en cada una de las dos cabinas de peaje. Además, los usuarios de la autopista «Ricardo Balbín» —que une La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— tendrán que abonar $4.000 en horario pico por el recorrido de 54 kilómetros.

El impacto económico es claro: un viaje redondo desde CABA hacia la Costa Atlántica costará, solo en peajes, unos $29.200. Esto supone un aumento considerable en un contexto donde la inflación y la pérdida del poder adquisitivo ya complican los planes de millones de familias.

Ajustes tarifarios recurrentes

Este aumento es el segundo del año, tras el ajuste del 150% aplicado en agosto, y responde a la «adecuación tarifaria» autorizada a Aubasa, la concesionaria estatal de los corredores viales. La empresa tiene ahora luz verde para revisar los precios cada tres meses según una fórmula que considera el costo salarial, el costo de la construcción y la inflación.

Sin embargo, estas subas recurrentes parecen ser más un intento desesperado de recaudación que una solución estructural. Las rutas concesionadas por Aubasa continúan presentando problemas de mantenimiento, algo que, sumado a los elevados costos, ha generado un creciente malestar entre los usuarios.

El impacto sobre el turismo y los consumidores

El aumento de los peajes afecta directamente a las familias que planifican sus vacaciones en la Costa Atlántica, tradicionalmente considerada una opción accesible para la clase media. Sin embargo, los crecientes costos de transporte y servicios ponen en riesgo esta percepción, especialmente en un contexto de crisis económica.

Mientras tanto, Kicillof defiende la medida como «necesaria» para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las rutas. Pero esta justificación resulta poco convincente para una ciudadanía cansada de ver cómo los recursos no se traducen en mejoras tangibles.