El senador nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, salió en defensa del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, tras el fallo de la Corte Suprema que puso fin a la reelección indefinida en la provincia. Mayans calificó la decisión del Máximo Tribunal como «política» y no jurídica, en un intento por deslegitimar un fallo unánime que busca garantizar los principios republicanos establecidos en la Constitución Nacional. Las declaraciones se dieron en una entrevista con Romina Manguel, en FM Millenium.

Mayans, estrechamente vinculado al kirchnerismo, intentó relativizar el impacto del fallo al sostener que la reelección indefinida estaba permitida por la Constitución de Formosa y que su única condición era «que te vote la gente». Sin embargo, omitió mencionar que Insfrán lleva casi tres décadas en el poder, un período que desafía cualquier noción de alternancia democrática y perpetúa el clientelismo político en una de las provincias más pobres del país.

Defensa de lo indefendible

El argumento de Mayans se centra en resaltar la gestión de Insfrán, afirmando que «inauguró una escuela por día en los últimos cinco años». No obstante, omite reconocer las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad que persisten en Formosa bajo su mandato. Además, atribuye el fallo de la Corte a supuestas presiones de Mauricio Macri y «el grupo de Lago Escondido», en una narrativa que busca desviar la atención en lugar de enfrentar las críticas a un sistema político local que fomenta la concentración de poder.

El fallo de la Corte Suprema dejó en claro que la cláusula que habilitaba la reelección indefinida en Formosa era incompatible con los principios republicanos de la Constitución Nacional. Incluso permitió a Insfrán completar su mandato hasta 2027, asegurando la estabilidad institucional de la provincia. Sin embargo, Mayans, en lugar de aceptar el fallo, prefirió atacar a los jueces y reforzar una retórica de victimización típica del kirchnerismo.

Críticas infundadas contra la Corte Suprema

Mayans no se limitó a defender a Insfrán; también cuestionó la independencia de la Corte Suprema al acusarla de ser funcional al gobierno de Javier Milei y al macrismo. En sus declaraciones, calificó al tribunal como un actor político, ignorando que los fallos recientes han afectado tanto a oficialistas como a opositores, lo que evidencia su autonomía.

El senador también aprovechó para criticar la composición de la Corte, exigiendo la inclusión de jueces con una «visión federal» y asegurando que los actuales magistrados representan intereses empresariales. Este discurso busca deslegitimar al Poder Judicial mientras Mayans omite la falta de transparencia y los cuestionamientos éticos que afectan a muchos dirigentes de su espacio político.

La estrategia de victimización kirchnerista

Las declaraciones de Mayans reflejan una estrategia recurrente del kirchnerismo: desviar la atención de las críticas a través de ataques al Poder Judicial y la construcción de enemigos externos. Este enfoque ha sido utilizado por figuras como Cristina Kirchner, quien ha atacado sistemáticamente a la justicia y los medios de comunicación para justificar su propio historial de corrupción y abuso de poder.

En este caso, el respaldo a Insfrán no es solo un intento de blindar a un aliado político, sino también una maniobra para reforzar la narrativa de que el peronismo es víctima de persecuciones judiciales. Este discurso choca con la realidad de un país que ha sido testigo de múltiples casos de corrupción y concentración de poder durante los gobiernos kirchneristas.

Un sistema en decadencia

El fallo de la Corte Suprema no solo expone las falencias del sistema político en Formosa, sino que también señala la urgencia de implementar reformas que garanticen la alternancia democrática en todas las provincias del país. La perpetuación de líderes en el poder no solo erosiona la calidad institucional, sino que también perpetúa condiciones de pobreza y desigualdad.

Mayans, al igual que otros dirigentes kirchneristas, continúa defendiendo un modelo político que prioriza la lealtad al partido por encima del bienestar de la ciudadanía. Su crítica a la Corte Suprema y su defensa de Insfrán no hacen más que evidenciar la desconexión entre el discurso peronista y las necesidades reales del país.