El Gobierno de Javier Milei recortó más de 100 puestos de trabajo en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), organismo creado en 2009 por la Ley de Medios para recibir denuncias relacionadas con periodistas y medios de comunicación. De acuerdo a lo anunciado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la planta de empleados pasará de 144 a 40, y también se rematarán bienes del organismo, como un estudio de televisión móvil.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y Sturzenegger aprovechó la ocasión para cuestionar las funciones del organismo DPSCA y afirmó: «Desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener un organismo que juntaba denuncias, muchas repetidas, contra periodistas críticos del kirchnerismo”.

Sturzenegger destacó que en 2023 cada denuncia presentada ante la Defensoría tuvo un costo aproximado de 1,5 millones de pesos para el Estado. Además, denunció que el organismo contaba con un estudio móvil de televisión utilizado para actividades que calificó de “adoctrinamiento”. Dicho equipamiento será puesto en remate como parte de la reestructuración.

La decisión incluye la rescisión de contratos de tiempo determinado y de locación de servicios, afectando a más de un centenar de trabajadores. El ministro también enfatizó la necesidad de un debate parlamentario para determinar si este tipo de instituciones deben seguir existiendo.

Según el funcionario, las acciones buscan marcar una diferencia con el manejo que los gobiernos anteriores habrían hecho del dinero público en el ámbito de los medios: «Ni el gobierno ni el presidente Javier Milei rehúyen el debate de ideas. Proponen una discusión abierta y transparente donde se respeta plenamente el derecho de expresarse de todas las partes».

Los objetivos del organismo que recortó el Gobierno de Javier Milei

La DPSCA fue creada con el objetivo de regular y mediar en casos de conflictos relacionados con los medios, pero el actual gobierno considera que se desvió de su propósito original. Con esta acción, el Poder Ejecutivo refuerza su política de austeridad, en un marco en el que se destacan despidos masivos en organismos estatales y ajustes en diversas áreas.