El pueblo salvadoreño está en alerta desde esta Navidad: el Congreso -con casi la totalidad de legisladores oficialistas- aprobó la Ley General de Minería Metálica y revirtió así casi diez años de prohibición total de esta práctica extractiva de los recursos naturales con la que se conservaban el medioambiente y la vida. La iniciativa fue impulsada por el presidente, Nayib Bukele, en una suerte de búsqueda de salvataje económico, que afronta un lento crecimiento desde el inicio de la gestión. “Atentado contra el agua, la vida y la salud”, “nefasta”, “destrucción”, “contravención del pueblo” y “muerte” son algunos de los términos que usaron para repudiar la normativa organizaciones sociales, ambientales, iglesias y universidades.

Antes de avanzar con la propuesta de la normativa, Bukele hizo varios movimientos: persiguió y encarceló a cinco líderes campesinos defensores del agua que lucharon y consiguieron la prohibición total de la minería metalífera en el país centroamericano (como se contó aquí) y, también, consolidó la cooptación total de las instituciones del país que legitimó a través de unas elecciones espurias a principio de este año. En ese último paso, se hizo de 54 de las 60 bancas de la Asamblea Nacional.
A fines de noviembre, por fin, hizo público su plan. En sus redes sociales dijo que “Dios colocó un tesoro bajo los pies” del territorio salvadoreño y afirmó que tiene “potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”. No presentó mayores pruebas ni citó estudios científicos específicos, pero usó ese argumento para repudiar el hecho de ser el “único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica”, cuando a su entender esa riqueza “puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes”.

El repudio social fue instantáneo y llegó desde diversos lugares porque la actividad estaba, hasta ahora, totalmente prohibida por ley desde 2017 por una razón simple: la forma de explotación que exigen los metales podrían significar una fuente de contaminación de la totalidad del pequeño territorio de 21.041 kilómetros cuadrados atravesado en sus dos terceras partes por el río Lempa.