La Casa Rosada acelera las gestiones para que el Senado trate en febrero los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, propuestos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. Sin embargo, la aprobación depende de un delicado acuerdo político del Gobierno nacional con el kirchnerismo, que plantea sus propias condiciones: ampliar la cantidad de integrantes del máximo tribunal.

El presidente Javier Milei descartó la posibilidad de designar a los jueces en comisión mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), dejando como única vía su tratamiento en el Senado. Pero para lograr los dos tercios necesarios, el oficialismo requiere el apoyo de Unión por la Patria (UxP), cuya posición está condicionada a negociar otras reformas, incluida una ampliación de la Corte.

Desde el entorno de Milei, dejaron trascender la intención de incluir los pliegos en el temario de sesiones extraordinarias en febrero, junto con otros temas clave como la eliminación de las PASO. Sin embargo, el kirchnerismo, que controla 33 bancas en el Senado, ha dejado claro que su apoyo estará supeditado a lograr avances en la ampliación del tribunal y otras designaciones judiciales.

La obsesión por una Corte ampliada

La propuesta de aumentar la cantidad de miembros de la Corte, una vieja demanda de Cristina Kirchner, resurgió como moneda de cambio en la negociación. En 2022, el Senado aprobó un proyecto que elevaba de 5 a 15 los integrantes del máximo tribunal, pero nunca logró consenso en Diputados. Ahora, con el apoyo de La Libertad Avanza en ambas cámaras, la ampliación podría concretarse, aunque en una versión más moderada, con 7 o 9 miembros.

Para el kirchnerismo, esta reforma representaría un triunfo estratégico, permitiendo a ambos sectores designar candidatos que respondan a sus intereses. Sin embargo, cualquier movimiento en esta dirección podría enfrentar resistencias dentro y fuera del Congreso, dada la polémica que rodea el reparto de los cargos en juego.

Vacantes pendientes y desafíos judiciales

Además de las dos vacantes en la Corte, el Gobierno enfrenta críticas por no avanzar en la cobertura de 184 cargos judiciales pendientes, incluyendo jueces federales y fiscales clave. Esta situación, heredada de la gestión de Alberto Fernández, afecta aproximadamente un 30% de los cargos en el Poder Judicial y dificulta el funcionamiento del sistema.

En tanto, fuentes judiciales han minimizado la urgencia de completar la Corte, argumentando que el tribunal resolvió en 2024 casos de alto perfil como las causas de Kirchner. Para el primer semestre de 2025, la Corte no tiene pendientes inmediatos con relevancia política, lo que le permite operar con los tres jueces actuales.

Perspectivas y tensiones políticas

El futuro de los pliegos de Lijo y García Mansilla dependerá de cómo se resuelva la negociación entre el oficialismo y el kirchnerismo. Si bien en el Gobierno consideran que las designaciones son fundamentales para garantizar el funcionamiento pleno del máximo tribunal, también reconocen que el costo político de ceder a las demandas de UxP podría ser elevado.

El desenlace podría marcar un hito en el equilibrio de poder entre Milei y el kirchnerismo, en un contexto donde las tensiones internas y la estrategia electoral de ambos bloques configuran un escenario político complejo para los meses venideros.