El Gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión importante para mejorar la gestión pública: la disolución de tres fondos fiduciarios destinados a la agricultura familiar, la vivienda social y las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Esta medida, anunciada a través del Decreto 6/2025, responde a los informes de auditoría que detectaron irregularidades y falta de continuidad en los objetivos de estos programas. El objetivo es redirigir los recursos públicos de forma más eficiente.

Los fondos afectados son el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Según las auditorías, algunos de estos fondos ya habían cumplido sus objetivos, mientras que otros presentaron problemas administrativos y obras inconclusas.

Implicaciones de la disolución

La disolución de tres fondos fiduciarios traerá cambios significativos en áreas clave de la economía. El PRODAF, que facilitaba el acceso a créditos para productores rurales, ya cumplió su función. Según el Ministerio de Economía, los resultados de este fondo ya se han logrado.

El Fondo del Servicio Universal, creado para garantizar el acceso a servicios TIC, será reemplazado por nuevos mecanismos que mantendrán la conectividad universal. Sin embargo, el fondo mostró problemas, como falta de justificación de proyectos desde 2021.

En cuanto al Fondo para la Vivienda Social, que financió programas como «Casa Propia» y «Reconstruir», el informe de la SIGEN reveló que varios proyectos no tienen la documentación necesaria para acreditar su finalización.

Liquidación y supervisión

El Gobierno de Javier Milei aseguró que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) continuará supervisando la liquidación de los fondos para garantizar el cumplimiento de las normativas. La Ley 27.742 respalda esta medida, que otorga al Ejecutivo la facultad de disolver fondos fiduciarios.

Con esta medida, el Gobierno busca optimizar el gasto público y garantizar que los recursos se utilicen de manera transparente y responsable en beneficio de la ciudadanía.