Gobierno intensifica su defensa para evitar el embargo de USD 310 millones mediante un nuevo escrito presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Estos activos, pertenecientes al Banco Central de la República Argentina (BCRA), están depositados en una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York como colateral de los bonos Brady, una herramienta financiera de los años 90 que entró en default tras la crisis de 2001.

El caso Attestor, como se lo conoce, involucra a acreedores que aún no han recibido el pago de sus sentencias. Según Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, «los holdouts reclaman aproximadamente USD 450 millones y buscan embargar activos soberanos para cobrar lo adeudado».

Un panorama legal adverso

El gobierno intensifica su defensa con una estrategia que se enmarca en un contexto complicado. En agosto de 2024, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ratificó un fallo de la jueza Loretta Preska que habilita a los acreedores a embargar títulos del Tesoro de los EE. UU., utilizados como garantía de los bonos Brady.

Estos bonos, creados bajo un programa liderado por Nicholas Brady, exsecretario del Tesoro estadounidense, fueron diseñados para reestructurar deudas en mercados emergentes. Sin embargo, tras el default argentino, se convirtieron en el centro de prolongadas disputas legales.

Activos críticos para la economía argentina

Los USD 310 millones en juego son parte de los recursos estratégicos del BCRA, destinados a respaldar operaciones financieras. Perder estos fondos podría agravar la ya delicada situación económica del país, marcada por el ajuste fiscal y la alta inflación.

El nuevo escrito presentado por el Gobierno de Javier Milei refuerza el argumento de que los activos son de carácter soberano y están protegidos por principios internacionales de inmunidad estatal. Este recurso es la segunda respuesta formal de Argentina en el caso, tras la presentación realizada por los acreedores en diciembre pasado.

Con este nuevo paso, Argentina busca revertir fallos adversos en las instancias previas. De no prosperar, los acreedores quedarían habilitados para ejecutar el embargo, lo que podría representar un duro golpe a las reservas internacionales.

El Gobierno confía en que la Corte Suprema considere los argumentos y falle a favor de proteger estos activos. Mientras tanto, la atención está puesta en el desenlace de un caso que podría sentar precedentes clave para futuros litigios internacionales.