La Justicia argentina desestimó una denuncia penal contra el expresidente de Bolivia Evo Morales. La causa se abrió a pedido del empresario Branco Marinkovic, quien solicitó a las autoridades argentinas para que investiguen al ex mandatario por estupro y trata de menores. "Aquí se han cercado todas las posibilidades de mantener vigente el proceso al carecerse del pertinente y constante estímulo persecutorio, indispensable a efectos de habilitar la potestad decisoria de esta magistratura", dice el recurso difundido por la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y la Liga de Derechos Humanos de Argentina. 

Según informaron, la decisión fue tomada por la jueza federal María Servini. "Una vez más se confirma que se trataba de un proceso político y armado sin argumentos ni pruebas dentro de todo este proceso de LawFare en contra de el líder de los pueblos originarios Evo Morales", sostuvo José Schulman, de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. 

En su momento, Marinkovic -quien fue ministro de Gobierno de la expresidenta de facto Jeanine Añez (2019-2020)- informó en sus redes sociales que su pedido de investigación a Morales fue directo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Ya que, en Bolivia, Evo vive en total impunidad, tendrá que ser la Justicia argentina la que lo juzgue", había escrito en sus redes sociales.

La Fiscalía de Bolivia investiga a Morales desde el 26 de septiembre en un primer caso, después de recibir un informe de inteligencia en el que se asegura que habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una adolescente con la que supuestamente tuvo una hija en 2015, cuando aún era presidente. Al margen, hay otras dos denuncias contra Morales en la región central de Cochabamba que autoridades locales hicieron conocer públicamente en octubre de 2024, en las que el expresidente es acusado de violación contra dos niñas, en hechos acontecidos entre 2014 y 2016. 

Además, el 1 de octubre, la secretaria de Género de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, denunció al expresidente por otros cinco casos de trata de personas y violación contra niñas ocurridos en los últimos cinco años en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales.

"Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU. Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado", denunció Morales e implicó de manera explícita al presidente con quien tiene una cruzada política hace dos años.