El Gobierno auditará más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez, tras detectar irregularidades masivas en los controles previos. Según datos del gobierno de Javier Milei, un 80% de los casos auditados en diciembre de 2024 no cumplía con los requisitos establecidos, lo que llevó a la baja inmediata de 212 pensiones cobradas desde cárceles y 150 correspondientes a personas fallecidas.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con el PAMI, será la encargada de llevar adelante este operativo a nivel nacional. Las auditorías incluyen entrevistas presenciales para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes, basadas en un baremo actualizado que evalúa el grado de deterioro psicofísico de los solicitantes.

Nuevas normas para determinar la invalidez laboral

El plan del Gobierno busca reforzar los controles y actualizar los criterios para otorgar beneficios. Según explicaron desde el Ejecutivo, la normativa está basada en estudios realizados por expertos en medicina legal y laboral, quienes definieron un sistema que clasifica el grado de incapacidad según cada afección.

El baremo incorpora una evaluación “cualitativa” que permite determinar si una condición justifica el beneficio. Así, se busca eliminar el margen de discrecionalidad en las aprobaciones, garantizando mayor transparencia en los procesos de selección.

Etapas de la auditoría y acciones concretas

La auditoría se realizará en tres etapas clave. Primero, se analizará la situación actual de cada beneficiario mediante un control administrativo. Luego, los médicos del PAMI evaluarán en territorio la condición de los pensionados, realizando controles presenciales en todo el país. Finalmente, ANDIS y PAMI emitirán dictámenes que definirán la continuidad o baja del beneficio.

El objetivo es identificar con precisión quiénes cumplen los requisitos establecidos y eliminar casos de fraude o irregularidad, asegurando que los recursos se destinen a quienes realmente los necesitan.

Resultados preliminares y nuevos desafíos

En provincias como Chaco, los controles ya dejaron resultados contundentes: el 87% de los beneficiarios convocados no cumplía con los requisitos. En una auditoría reciente, se detectaron casi 1800 pensiones fraudulentas en localidades como Taco Pozo y Sáenz Peña, lo que llevó a su inmediata suspensión.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que estas irregularidades no solo representan una pérdida millonaria para el Estado, sino que también generan una injusticia hacia quienes realmente necesitan estas ayudas. Según estimaciones, el fraude podría haber desviado fondos por más de 3400 millones de dólares en los últimos años.

Un compromiso con la transparencia

Con la puesta en marcha de esta auditoría, el Gobierno de Javier Milei busca devolver legitimidad al sistema de pensiones por invalidez. Al finalizar el operativo, se estima que cerca de medio millón de pensiones podrían ser dadas de baja por incumplimientos, devolviendo los recursos al sistema para redistribuirlos de manera justa.

El Gobierno auditará más de un millón de pensiones, con este control masivo marca un precedente en la gestión de las políticas sociales, apuntando a garantizar que los beneficios lleguen únicamente a quienes los necesitan, y a reforzar la transparencia en la administración de los fondos públicos.