El Ministerio de Justicia comenzó el año con tensiones internas tras la controversia en torno a Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, quien enfrenta críticas por un dictamen que, según el Ejecutivo, no defendió los intereses del Estado. Esta situación se suma a la reciente salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), y complica aún más la dinámica interna de la gestión del Gobierno nacional.

El detonante del conflicto fue un dictamen emitido por la Procuración del Tesoro relacionado con los Registros del Automotor, un tema que la Casa Rosada priorizó en 2024 como parte de su política de ajuste de la administración pública. Bajo esta premisa, el Gobierno ordenó el cierre de más de 136 agencias, con la intención de reducir costos y simplificar trámites, aunque todavía no se ha implementado un Registro único, digital y remoto.

El caso que desató la polémica

En este contexto, el 31 de diciembre el Gobierno canceló el convenio con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En consecuencia, despidiendo a la mayoría de los empleados y reincorporando a algunos con contratos temporales bajo nuevas condiciones salariales. A pesar de los acuerdos firmados por los trabajadores, una empleada identificada como A.T. presentó una demanda para impugnar la eliminación de un incentivo salarial.

La Procuración del Tesoro, encabezada por Barra, debía emitir un dictamen en defensa del Estado. Sin embargo, el fallo favoreció a la demandante, argumentando que el incentivo tenía carácter remunerativo y que el Ministerio de Justicia debía ajustar su decisión para respetar la legalidad del contrato. Aunque el dictamen no es vinculante, el Gobierno considera que esta postura debilita su posición frente a futuros fallos judiciales.

La reacción del Ejecutivo y las críticas a Barra

La Casa Rosada no ocultó su malestar. Para el presidente Javier Milei y su círculo cercano, la postura de Barra es incomprensible. Un alto funcionario resumió la situación como “brutalidad jurídica”. Y consideró que el procurador debía optar por un enfoque favorable al Estado en un caso tan sensible. La indignación creció cuando se descubrió que Barra no firmó personalmente el dictamen. En consecuencia, delegando esta tarea a su segundo, Marcos Serrano, y luego intentó desvincularse del resultado.

Además, surgieron críticas hacia el estilo de trabajo de Barra, quien, según fuentes oficiales, pasaba gran parte de la semana fuera del país. Por ejemplo, dividiendo su tiempo entre Punta del Este y España. Aunque esta situación era tolerada inicialmente, el reciente episodio llevó al Ejecutivo a reconsiderar su posición y a permitir que esta información trascienda públicamente.

Consecuencias políticas y posibles cambios

A diferencia del caso de Yacobucci, quien fue desplazado de la UIF tras revelarse gastos personales incompatibles con la política oficial, el Gobierno no tiene planes inmediatos de forzar la salida de Barra. Sin embargo, desde Balcarce 50 se espera que el procurador presente su renuncia de manera voluntaria. De esta forma, dejando claro que su permanencia en el cargo es insostenible.

En paralelo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no ha sido señalado directamente por este episodio. Aunque algunos funcionarios le reprochan haber ignorado advertencias previas sobre los comportamientos de Barra. No obstante, su gestión general sigue siendo bien valorada por la administración.