El próximo 13 de febrero, Aerolíneas Argentinas celebrará una asamblea de accionistas para tratar el balance correspondiente al 31 de diciembre de 2023, el último de la gestión de La Cámpora al frente de la línea aérea estatal. Este informe, que llega con un considerable retraso, arroja un déficit que refleja el costo y la ineficiencia de años de administración kirchnerista: un patrimonio neto negativo de más de 170 millones de dólares.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial, fue realizada por las actuales autoridades de Aerolíneas, encabezadas por Fabián Lombardo. Además de aprobar el balance, el encuentro incluirá formalidades como la designación de Diego Colunga como representante del programa de propiedad participada (PPP) de la exAustral, lo que requiere la aprobación específica de los accionistas debido a sus antecedentes en el sector privado.

Un déficit que expone la mala gestión

El balance de 2023 confirma las alarmantes cifras ya anticipadas por la Auditoría General de la Nación y reconocidas públicamente por la dirección actual de la empresa. Aerolíneas Argentinas cuenta con activos de $1,358 billón frente a un pasivo de $1,528 billón, lo que se traduce en un patrimonio neto negativo superior a los 170 millones de dólares.

Desde su estatización en 2008, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, Aerolíneas ha dependido sistemáticamente de los aportes del Estado para cubrir su déficit, tal como lo establecía la Ley N.º 26.466 de expropiación. Esta práctica, lejos de resolver las causas estructurales del problema, perpetuó un modelo insostenible que demandó millonarios subsidios a lo largo de los años, afectando directamente las arcas públicas.

Un esquema de subsidios insostenible

Entre 2008 y 2023, los aportes del Estado a Aerolíneas Argentinas no solo garantizaron la operación de la empresa, sino que también encubrieron una gestión ineficiente, marcada por déficits crónicos y decisiones administrativas cuestionables. Sin un plan estratégico claro, la línea aérea se convirtió en una carga fiscal, dependiente de un modelo de subsidios que drenaba recursos públicos.

El gobierno de Javier Milei decidió adoptar una postura diferente. Desde diciembre de 2023, el Tesoro ha girado a Aerolíneas $58.732 millones (unos 60 millones de dólares), una cifra significativamente inferior al presupuesto asignado a la empresa en años anteriores. Estos fondos, además, se destinaron exclusivamente a programas de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, en un intento de reducir el tamaño de la estructura operativa de la compañía y sanear sus finanzas.

El legado kirchnerista: ineficiencia y despilfarro

El caso de Aerolíneas Argentinas es emblemático de la gestión kirchnerista, caracterizada por el despilfarro de recursos públicos, la falta de transparencia y la priorización de intereses políticos sobre la eficiencia administrativa. Bajo la administración de La Cámpora, la línea aérea acumuló déficits históricos, mientras se sostenía un aparato burocrático sobredimensionado y se destinaban fondos a áreas que no generaban beneficios tangibles para los ciudadanos.

La gestión de Aerolíneas durante el kirchnerismo también estuvo marcada por la politización de la empresa, donde se priorizaban designaciones afines al partido por encima de criterios de profesionalismo. Esto no solo contribuyó a los problemas financieros de la compañía, sino que también socavó la confianza en su capacidad para operar de manera eficiente.

Un cambio de rumbo necesario

El balance que será tratado en la próxima asamblea es un recordatorio de la necesidad de replantear el rol de Aerolíneas Argentinas. La administración actual busca avanzar hacia un modelo de gestión más austero y sostenible, con énfasis en reducir el impacto fiscal y priorizar la eficiencia operativa.

Milei ha dejado claro que el Estado no puede seguir subsidiando modelos ineficientes que terminan perjudicando a los contribuyentes. La disminución de los subsidios y el impulso a medidas de austeridad fiscal son pasos necesarios para garantizar que Aerolíneas deje de ser una carga para las finanzas públicas y, en su lugar, se convierta en una empresa capaz de operar con autonomía y competitividad.