LA MEDIDA SE DA EN SIMULTÁNEO A LA ESCALADA OFICIAL ANTIDERECHOS .

A  través de un fallo en el que denegó el pedido de apertura de feria judicial, la Sala de Feria A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo mantuvo la prohibición al Gobierno de eliminar y vaciar los programas de asistencia a mujeres y niños en casos de violencia de género.

El fallo, firmado por los magistrados Mariano Duffy, Rogelio Vincenti y Jorge Morán, surge tras una presentación realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Ni Una Menos, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Mujeres por Mujeres (MxM).

En dicha presentación judicial, las organizaciones hicieron un pedido de no innovar en en relación al desmantelamientos de estos programas y exigían que el Gobierno cesara con  el estado de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica mantenida con niñas, adolescentes y mujeres de todo el territorio nacional, víctimas y potenciales víctimas de violencia basada en género, en estado de múltiple vulnerabilidad.

Atendiendo a esta instancia, el fallo refleja que “en subsidio y para el supuesto de que se materializara el ‘anunciado cierre’ de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y el reordenamiento y cierre de los 81 CAJ [Centros de Acceso a Justicia] sin garantizar un piso mínimo en la proporción, alcance y calidad de los servicios previstos por aplicación de las leyes citadas también solicitaron que se declarase la inconstitucionalidad de tales medidas”.

La presentación, hecha en abril de l año pasado, tuvo respuesta sobre el cierre de año. El 27 de diciembre pasado el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 admitió parcialmente la pretensión cautelar y ordenó al Estado Nacional y al Ministerio de Justicia, “abstenerse de reducir la cantidad de recursos humanos y la infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros a cargo de esos organismos (cfr. art. 2°, inciso 2° de la Ley 26.854)”, así como “sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de esos organismos”.

En la reconstrucción cronológica, el fallo recuerda que si bien el Gobierno “había informado que los recursos y programas que la actora señalaba como disueltos o dados de baja se habían reorganizado en la estructura estatal”, “no había brindado una explicación circunstanciada de esa reestructuración, ni arrimado constancia alguna que permitiese inferir el cumplimiento de la prestación mínima obligatoria establecida por la ley 26.485”.

“Sin embargo, lo cierto es que la decisión en crisis no estableció plazo o condición alguna para su cumplimiento, y el Estado Nacional no alegó ni probó rigurosamente que la espera para el tratamiento de su petición, una vez finalizado el receso judicial, pueda derivar en daños graves y concretos que conlleven la frustración de sus derechos. A ello se suma que la cautelar ya ha sido apelada y el recurso sustanciado con todo lo que ello importa, más allá del efecto con que ha sido concedido”, argumentaron los magistrados en el escrito.

Al no habilitarse la feria, la medida cautelar que impide el cierre, desfinanciamiento y despido de personal de los programas de contención a las víctimas de violencia de género sigue vigente y el Gobierno deberá esperar a marzo para poder avanzar con la medida.

Si bien finalizada la feria, un tribunal podría acceder a los deseos del oficialismo, no deja de ser llamativa la oportunidad en la que se dicta este fallo, en la misma semana en la que, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con un discurso antiderechos, el presidente Milei replicó ese espíritu en su exposición ante el Foro Económico Mundial que se desarrolla que Davos.