La jueza federal de San Martín Alicia Vence se hizo eco de los requerimientos del abogado Pablo Llonto, querellante en la megacausa de Campo de Mayo, y del fiscal Miguel Ángel Blanco García Ordas, y dictó este viernes una medida cautelar de “no innovar” para que se frene la destrucción de archivos de la Armada porque puede poner en riesgo el devenir de diversas causas de lesa humanidad. De esta forma, la magistrada ordenó al gobierno y a la Armada que detenga cualquier proceso de destrucción de documentación.

“A fin de garantizar los fines del proceso (…), los derechos de las víctimas (…), el derecho a la investigación (…) y, con el propósito de honrar los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos, habré de decretar la prohibición de innovar sobre la documental obrante en el Archivo de la Armada a efectos de no modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir total o parcialmente dichos registros, LO QUE ASI RESUELVO”, escribió la magistrada. La decisión será comunicada al Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, y al Jefe del Estado Mayor de la Armada.

“Considero que se encuentran reunidos en el caso los requisitos que tornan procedente el dictado de medida cautelar semejante, esto es, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora”, resaltó Vence. “Considero que los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo sino además en los múltiples procesos que a lo largo del territorio nacional tienen por objeto la averiguación de la verdad en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en el período 1976-1983”, añadió la jueza. Y precisó que en el marco de la causa que tiene a su cargo cursó pedidos a la Armada, por intermedio del Ministerio de Defensa de la Nación, para que remitan documental preservada en el mentado archivo.

Vence justificó su decisión en que “el proceso de destrucción al que alude la nota NO-2025-02875814 -APN-SGNA#ARA -que, insisto, data del 9 de enero pasado- me permite presumir que cualquier demora o postergación de una decisión en el asunto puede atentar seriamente contra la eficaz consecución de los fines de este proceso y de otros muchos en los que se sustancian investigaciones similares”. “Reitero, cualquier modificación o alteración de la situación de hecho o de derecho, puede sin dudas influir en el dictado de las sentencias que eventualmente se adopten no sólo en este proceso sino además en otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad que requieran para su comprobación del acceso al material probatorio reguardado en el Archivo General de la Armada”, precisó.

En el Archivo General de la Armada hay legajos; memorias anuales; partidas de matrimonio, nacimiento y defunción; historias clínicas; expedientes de Justicia Militar; Manuales y reglamentos derogados; Boletines Navales; leyes, decretos, resoluciones y disposiciones; y “Documentación histórica”. Se trata de “documental de valiosa importancia para la comprobación y averiguación de los hechos sucedidos durante la dictadura cívico militar acaecida en el período 1976-1983”, de acuerdo a la jueza.

En diálogo con El Destape, el abogado Pablo Llonto explicó: "La decisión de la jueza Alicia Vence de San Martín es la más acertada y afortunadamente quien ha comprendido con velocidad las obligaciones del estado argentino y del Poder Judicial de cumplir los compromisos internacionales de juzgar y sancionar a quienes han cometido los más aberrantes crímenes y ello incluye la preservación de documentos. Parece mentira que ahora tengamos que esperar a ver si el Ejecutivo cumple esta orden, porque estamos frente a un presidente y ministros a quienes la ley, la justicia y los Derechos Humanos les importan un bledo y eso nos hace dudar del cumplimiento efectivo. Los años nos pusieron cautelosos. De todos modos, cuando una jueza o juez le hace recuperar un poco de esperanza a la humanidad, debemos saludar la decisión" .

Las palabras de Llonto no son azarosas. Hubo diversos planteos de similares características al que realizó ante Vence pero en el juzgado federal N° 12 de Comodoro Py, donde se instruye la megacausa ESMA. Allí, la jueza María Eugenia Capuchetti, que está a cargo de ese juzgado durante el final de feria, no dictó ninguna cautelar.

Como publicó El Destape, Capuchetti se hizo eco parcialmente de los planteos que hicieron primeramente Llonto e H.I.J.O.S-Capital y el jueves habilitó la feria judicial para abordar los pedidos de “no innovar” que se realizaron para intentar frenar la destrucción de archivos de la Armada. Pero la magistrada no dictó una medida cautelar sino que corrió vista a las partes y demoró una resolución para cuando termine el receso –culmina hoy viernes- y su colega Ariel Lijo, uno de los dos candidatos del gobierno para la Corte Suprema de Justicia, reasuma en el juzgado 12. Los querellantes demandaban una respuesta urgente de la Justicia porque entienden que puede desaparecer documentación que permita esclarecer crímenes de la última dictadura cívico militar.

Vence se hizo eco de esta situación y en su resolución dio cuenta de que el jueves cursó un oficio al juzgado 12 “a fin de averiguar si en el marco de la causa N° 14217/2003 del registro de la Secretaría N° 23 se recibió una presentación de similar tenor a la que aquí se analiza y, en su caso, se informe acerca del trámite que se le otorgó; todo ello con el propósito de evitar pronunciamientos contradictorios”. Pero, escribió Vence, “hasta el momento no se recibió respuesta a ese requerimiento”.

La urgencia de los abogados y organismos de Derechos Humanos es porque está en riesgo documentación que puede ser clave para el devenir de las causas de lesa humanidad. De hecho, a la par que la resolución de Capuchetti se presentaron en la megacausa ESMA planteos del CELS y de Alejandrina Barry, víctima del terrorismo de Estado, junto a Patricia Walsh y Myriam Bregman que tenían el mismo sentido.

El disparador del alerta en el mundo de los DDHH fue un comunicado de la asociación Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) que este martes advirtió: “A comienzos de este 2025, según la nota GDE NO-2025-02875814-APN-SGNA#ARA, las autoridades de la Armada Argentina dieron la orden de iniciar la depuración/selección para «trituración» de documentos preservados en el Archivo General de la Armada, ubicado en la calle Bolívar 1622, Ciudad de Buenos Aires (CABA)”. “Allí se almacenan más de 8 kilómetros lineales de documentación, entre los cuales se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial”, agregaron. Y advirtieron: “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la Historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos”.

Tal como publicó Luciana Bertoia en Página12, “la cúpula de la Marina decidió, a través de una resolución reservada, que el Archivo General de la Armada (AGA) pase a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro”.

El miércoles pasado, H.I.J.O.S-Capital junto al equipo jurídico de KAOS realizaron una presentación en la megacausa ESMA pidiendo la habilitación de la feria y la medida de no innovar. El martes, el abogado Pablo Llonto había solicitado lo mismo en esa causa y en la justicia de San Martín “atento la necesidad de acceder a la jurisdicción en forma rápida e inminente, a efectos de que el transcurso de tiempo que demande la mencionada feria no afecte la protección del acervo probatorio y documental obrante en el ARCHIVO DE LA ARMADA, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación”.

Por su parte, el jueves el fiscal general Miguel Palazzani y Pablo Vicente Fermento, Auxiliar Fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, también reclamaron a la justicia federal de esa ciudad que dicte una medida cautelar de “no innovar” que proteja la documentación del Archivo de la Armada. Bahía Blanca fue otra de las jurisdicciones donde la Marina llevó adelante secuestros y desapariciones durante el terrorismo de Estado.

Con la decisión de Vence de este viernes, el gobierno debiera garantizar que no se proceda con la destrucción de los archivos que tan importantes pueden ser para las causas de lesa humanidad.