El Gobierno de Javier Milei continúa con la motosierra y por medio de la Resolución 8/2025 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) eliminaron el Programa de Fortalecimiento Comunitario. Este era un plan social que le otorgaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal en las posesiones de terrenos, que según la auditoría realizada presentaba «deficiencia» y «desvíos» de fondos.

El Programa de Fortalecimiento Comunitario tenía como objetivo el «otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria».

Sin embargo, los informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación, el programa presentaba «deficiencia y desvíos», De esta manera, decidieron recortar por completo con este plan social, todo en el marco del ajuste estatal anunciado por el presidente Javier Milei. Tras observar la falta de herramientas de registro para identificar el resultado e impacto de los subsidios, decidieron dar por terminado con esta ayuda estatal.

Teniendo en cuenta el decreto de emergencia económica, más que el programa supuestamente «no cumplió sus objetivos» el Gobierno tiene la facultad de recortar esta área por medio de una resolución, tal y como fue anunciado en el Boletín Oficial este lunes.

El contexto de esta medida

Que se haya recortado este plan social es llamativo, aunque no extraño. El presidente Javier Milei desde que inició su campaña a presidente en 2022 remarca que para él la propiedad privada es un valor fundamental. Si a eso le sumamos el recorte estatal que prometió y cumplió, los pueblos indígenas, los cuales vienen luchando hace años por la posesión de tierras, iban a ser un sector golpeado.

Hay varios reclamos en la Justicia de propietarios que denuncian a estas comunidades dentro de su vivienda y que reciben ayuda estatal para su defensa, algo que ahora ya no sucederá y si se quieren defender lo deben hacer con el dinero de su propio bolsillo, generando así un contexto más favorable para los propietarios a la hora de iniciar acciones legales.

Otro punto a destacar es que el Gobierno remarca que estos subsidios no ayudaron en nada a mejorar la situación de las comunidades indígenas, ni tampoco a resolver los conflictos judiciales. Esto quiere decir que hace 20 años que recibían estos planes sociales que tampoco eran productivos para ellos, por lo que decidió quitárselos y reasignar ese dinero a otras áreas.