El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), una de las tantas estructuras del kirchnerismo que sirvieron para dilapidar fondos públicos con fines políticos, vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció la Resolución 48/25, que introduce un cambio drástico en la financiación del cine nacional. El objetivo es eliminar trabas burocráticas y desmantelar el sistema de subsidios y tasas que, en lugar de fomentar la cultura, solo sirvieron para sostener a la militancia rentada y producir películas que nadie veía.

El INCAA, lejos de promover el acceso al cine en todo el país, se convirtió en un aparato que castigó a las salas del interior con impuestos que hicieron inviable la exhibición de películas nacionales. Con este nuevo marco regulatorio, Sturzenegger busca corregir los efectos de años de políticas que beneficiaron a pocos y perjudicaron a la mayoría, devolviendo al público y a los productores audiovisuales la libertad de decidir qué ver y qué filmar sin imposiciones ideológicas ni costos excesivos.

Un impuesto encubierto que destruyó la exhibición cinematográfica

Desde su cuenta de X, Sturzenegger denunció que el INCAA, en lugar de fomentar el cine, se dedicó a recaudar fondos con tasas injustificadas, diseñadas para sostener su creciente estructura de empleados militantes. Uno de los principales ejemplos de esta distorsión fue la Resolución 2114/11, que impuso un tributo creciente sobre la exhibición de películas en función de la cantidad de salas donde fueran proyectadas.

El resultado fue devastador para los cines del interior del país. Según el ministro, mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se estrenaron 800 títulos en 2024, solo 200 llegaron a las provincias más pequeñas. “El INCAA había hecho inviables los cines del interior. Nos hicieron creer que estaban defendiendo la cultura, cuando en realidad lo que hicieron fue destruirla”, criticó.

Este esquema, lejos de democratizar el acceso a la producción nacional, limitó la oferta de cine en muchas regiones del país. A su vez, consolidó un modelo donde solo ciertas producciones eran financiadas por el Estado, usualmente alineadas con la agenda kirchnerista. Películas de propaganda disfrazadas de arte, que recibían millones de pesos en subsidios y que después eran proyectadas en salas vacías.

Carlos Pirovano y la eliminación de costos

El actual presidente del INCAA, Carlos Pirovano, fue clave en la implementación de esta desregulación. Gracias a los recortes en la estructura del organismo, se pudo eliminar el costo de exhibición de películas en salas de cine. Este avance, según Sturzenegger, devuelve los recursos a los verdaderos protagonistas: los espectadores y los exhibidores.

“Llevará años recuperar lo perdido, pero eventualmente tendremos menos ñoquis y más cine. De ese que la gente quiera ver. En libertad”, expresó el funcionario en su cuenta de X.

Esta decisión forma parte del plan de ajuste del gasto público y eliminación de regulaciones innecesarias que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei. El INCAA, un símbolo del derroche kirchnerista, está en proceso de transformación. Uno que busca dejar de ser una caja de la militancia. En resumen, que se convierta en un organismo que realmente promueva la industria del cine sin imposiciones políticas.

La actualización de costos en la producción cinematográfica

Junto con la eliminación de las tasas que perjudicaban a las salas de cine, la Resolución 50/2025 también establece una actualización en los costos reconocidos para la producción de películas nacionales. A partir de ahora, el “Costo reconocido de una película nacional de presupuesto medio” será de 300 millones de pesos, con carácter retroactivo al 1 de septiembre de 2024.

Esta actualización triplica el valor previo, que había sido fijado en 105 millones de pesos según la Resolución INCAA 1607-E/2023. El objetivo es garantizar el apoyo efectivo a la cinematografía argentina sin que esto implique nuevos impuestos o costos adicionales que terminen ahogando al sector.

Además, la nueva normativa establece que los estrenos de películas nacionales deberán ser exhibidos en horario central en todas las salas registradas en el Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual (RPACA). De esta forma, asegurando así una mayor difusión del cine argentino sin los intermediarios burocráticos que distorsionaron el mercado.

El INCAA y su rol en la propaganda kirchnerista

El INCAA fue utilizado como una caja de financiamiento para la militancia. A su vez, también sirvió como un aparato de propaganda ideológica del kirchnerismo. Durante años, el organismo financió producciones con mensajes alineados al relato oficial, relegando a cineastas independientes que no comulgaban con la línea del gobierno.

Películas sobre la “década ganada”, documentales sobre líderes kirchneristas y relatos épicos de sus políticas fueron presentados como producciones culturales cuando en realidad eran herramientas de adoctrinamiento financiadas con fondos públicos.

Mientras tanto, las verdaderas necesidades del sector eran ignoradas. El deterioro de las salas de cine y la falta de apoyo a producciones comerciales viables alejaron al público y afectaron a la industria. Además, de la imposición de costos excesivos para la exhibición de películas nacionales.

Un cambio de paradigma para el cine argentino

Con esta nueva regulación, el gobierno de Javier Milei avanza en su plan de desmantelar las estructuras burocráticas heredadas del kirchnerismo. Las cuales durante años operaron como feudos de poder para sus militantes y funcionarios.

La eliminación de trabas en el interior del país es un paso clave para devolverle al cine argentino su verdadera razón de ser. Siempre fue contar historias que el público quiera ver, sin imposiciones ideológicas ni costos arbitrarios que benefician a unos pocos en perjuicio de todos.