La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), uno de los gremios más influyentes del país, enfrenta una crisis sin precedentes. La viralización de un audio que expone supuestos arreglos irregulares con empresarios, la revelación de una auditoría estatal que descubrió una millonaria deuda en su obra social y la investigación judicial que enfrenta su secretario general, José Voytenco, por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, han puesto al sindicato en el centro de la tormenta.

Mientras el Gobierno observa con atención lo que sucede en la UATRE, las internas dentro del gremio y las acusaciones cruzadas entre su dirigencia anticipan un conflicto que podría derivar en una intervención total. La administración de una caja millonaria y los vínculos del sindicato con el kirchnerismo han convertido este caso en un eje de disputa política y económica.

Un audio que expone una presunta “caja negra”

La polémica comenzó con la difusión de un audio en el que Pedro Peger, número dos del sindicato y mano derecha de Voytenco, menciona un supuesto acuerdo con empresarios semilleros en el que se exigía un 4% de aportes que iban a una “caja negra”. En la grabación, Peger detalla que este monto se descontaba a los empresarios y no a los empleados, sugiriendo una maniobra extorsiva para desviar fondos.

El audio fue incorporado a la causa judicial que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. La investigación, iniciada el año pasado por una denuncia del dirigente sindical opositor Marcelo Agustín Andrada, aún no ha mostrado avances significativos, ya que la Cámara Federal de La Plata ordenó que el caso pase a los tribunales de Comodoro Py, donde permanece en espera.

El supuesto 4% mencionado en la grabación correspondería a un acuerdo entre Voytenco y el empresario Jorge Giani, titular de la empresa El Surco, con la Asociación de Semilleros de Argentina. Este pacto incluía un aporte extraordinario del 2,5% para capacitación y un 1,5% para un seguro de retiro, pero nunca fue homologado por la Secretaría de Trabajo, lo que genera sospechas sobre su legalidad y el destino final de los fondos.

Auditoría en Osprera: una deuda millonaria y presuntas maniobras

El escándalo no se limita a los audios filtrados. Una auditoría interna ordenada por el nuevo interventor de Osprera, Marcelo Carlos Petroni, reveló una deuda total de $97.899 millones al 31 de octubre de 2024. Este monto, un 94% superior al informado previamente, pone en duda la administración de los recursos y expone posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior.

El informe detectó obligaciones impagas con prestadores médicos, farmacias y proveedores de servicios esenciales, además de irregularidades en la contratación de proveedores y en las prestaciones, con sobrefacturación y estructuras sobredimensionadas con fines políticos. También se encontró desvío de fondos y falta de documentación en procesos clave, lo que refuerza la hipótesis de un manejo discrecional de los recursos del gremio.

La auditoría señala que Osprera fue intervenida judicialmente a finales de 2023, pero el kirchnerismo, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), autorizó un subsidio de $3.350 millones apenas tres días antes de la salida de Alberto Fernández. La sospecha es que este giro de fondos buscó blindar la gestión de Voytenco ante la inminente llegada de un gobierno de signo opuesto.

Una lucha de poder con impacto en el Gobierno

El control de UATRE y su obra social representa un botín político y económico de gran magnitud. El sindicato administra más de $9.000 millones mensuales provenientes de los aportes de sus 400.000 afiliados, mientras que su obra social llegó a manejar un superávit de $1.300 millones en años anteriores. Estos recursos provienen no solo de las contribuciones de los trabajadores, sino también de otras fuentes de financiamiento, como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y el Fondo Especial del Tabaco, que recaudó $74.796 millones en el primer semestre de 2024.

Voytenco, con estrechos lazos con el PJ, enfrenta presiones desde el interior del sindicato y desde el Gobierno, que busca desregular y controlar a los gremios. Su salario mensual, que asciende a más de $14 millones, fue objeto de fuertes críticas, al igual que la supuesta incorporación de empleados en la obra social tras la intervención estatal.

Desde la Secretaría de Trabajo, dirigida por Omar Yasín, se sigue con atención la crisis en UATRE. No se descarta una intervención total del gremio, lo que pondría fin al control de Voytenco y podría abrirle las puertas a figuras cercanas al oficialismo, como el diputado Pablo Ansaloni, quien ya intentó disputar el liderazgo sindical en 2022.

Un sindicato en crisis con el kirchnerismo detrás

Históricamente, UATRE fue un gremio con fuerte injerencia política. Durante el liderazgo de Gerónimo «Momo» Venegas, se mantuvo alineado con el macrismo, pero tras su fallecimiento pasó a formar parte del entramado kirchnerista, utilizando sus recursos para sostener redes clientelistas y financiar campañas políticas.

La auditoría en Osprera y las denuncias sobre desvío de fondos no hacen más que reforzar la imagen de un gremio capturado por la corrupción, donde los trabajadores rurales han sido los principales perjudicados. Mientras los dirigentes acumulaban poder y riqueza a través de acuerdos opacos y manejos discrecionales, la obra social se hundía en deudas y el servicio de salud se deterioraba al punto del colapso.

Con el gobierno de Javier Milei decidido a avanzar sobre las irregularidades en el sindicalismo y las cajas negras del kirchnerismo, la caída de Voytenco parece solo cuestión de tiempo. La pregunta no es si se desplazará o no, sino cuándo y en qué términos se reconfigurará el mapa de poder dentro de uno de los gremios más influyentes del país.

Mientras tanto, la Justicia deberá definir si finalmente investiga a fondo las denuncias contra la cúpula de UATRE o si, como tantas veces ha ocurrido en el pasado, el expediente termina archivado «durmiendo el sueño de los justos», sin consecuencias reales para sus responsables.