El expresidente Alberto Fernández se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa por presuntos hechos de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. Durante la audiencia, Fernández entregó un extenso escrito en el que rechazó las acusaciones en su contra, pidió su sobreseimiento y cargó contra el juez Julián Ercolini, el fiscal Ramiro González y la propia Yáñez.

En su escrito, Fernández sostuvo: «Ninguno de los testigos que han pasado por esta causa han visto o han conocido de algún modo que yo haya tenido semejante conducta». En ese sentido, reclamó su desvinculación del proceso: «Solicito que, una vez producida la prueba ofrecida, se me desvincule de este expediente, dictando mi sobreseimiento». Además, anunció que denunciará a Yáñez por falso testimonio, al igual que a su esteticista, Florencia Aguirre, y a su madre, Miriam Verdugo.

El expresidente también apuntó contra el fiscal González, a quien acusó de parcialidad y de haber mantenido un «inusual vínculo con la querella». «Me reservo el derecho de denunciar al fiscal para que las autoridades del Ministerio Público evalúen su destitución», afirmó el expresidente del PJ nacional luego añadió: «El inusual vínculo que forjó con la querella en esta causa lo coloca en el delito de prevaricato».

También cuestionó la investigación judicial, al señalar que «se han manipulado las fechas del golpe contra Yáñez por el que se me acusa» y que «se filtró información a la prensa» para perjudicarlo.

Fernández cuestionó la idoneidad y honestidad del juez de la causa

Durante la indagatoria, Fernández mantuvo su estrategia de no responder preguntas, ni siquiera de su propia defensa. «Mi decisión de no responder preguntas que no provengan de mi abogada defensora no tiene el objeto de no someterme a la verdad. Ocurre simplemente que, como ya he dicho, creo que el juez y el fiscal que aquí actúan carecen de condiciones éticas para juzgarme o acusarme», expresó en el documento. Además, recordó su enfrentamiento con el juez Ercolini, a quien vinculó con el viaje a Lago Escondido junto a empresarios y funcionarios judiciales: «De esa vergüenza no se vuelve».

El exjefe de Gabinete nacional también se refirió a su expareja y sugirió que su denuncia tenía motivaciones económicas. «Si a mí por el documental me van a pagar tres millones de dólares, quiero saber qué voy a ganar por no hacer la denuncia», sostuvo en referencia a un presunto comentario de Yáñez. Según el expresidente, esto demostraría que la acusación en su contra fue parte de una maniobra de extorsión.

El abogado y exdocente de la UBA enfrenta cargos por lesiones y amenazas agravadas por un contexto de violencia de género y asimetría de poder. El fiscal González describió en su dictamen que los hechos denunciados evidencian «un cuadro de violencia generalizado» y lo expusieron a una posible condena de hasta 18 años de prisión. «En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada», escribió el fiscal.

Concluida la etapa de instrucción y la indagatoria, el juez Ercolini tiene un plazo de 10 días hábiles para definir la situación procesal del expresidente. Puede dictar su procesamiento, la falta de mérito o su sobreseimiento, aunque el plazo podría extenderse. Mientras tanto, Fernández insiste en que la causa tiene motivaciones políticas y busca apartar al magistrado del caso: «Nuestra enemistad, desde la denuncia, es profunda e irreparable».