El gobierno de Javier Milei anunció la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida, tomada sin acuerdo del Senado, se fundamenta en la facultad del Ejecutivo de realizar nombramientos “en comisión” hasta la finalización del próximo período legislativo. Sin embargo, la decisión contrasta con declaraciones pasadas de García-Mansilla, quien meses atrás había expresado reparos sobre este mecanismo.

Durante su audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado el 28 de agosto de 2024, García-Mansilla fue consultado sobre la constitucionalidad de las designaciones en comisión y su opinión personal al respecto. En ese marco, la senadora Anabel Fernández Sagasti le preguntó sobre el antecedente del decreto 83/2015, mediante el cual el expresidente Mauricio Macri intentó nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte sin pasar por el Senado.

«Visto el impacto que tuvo el decreto 83 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión«, respondió en aquel momento García-Mansilla. Si bien reconoció que es una facultad constitucional del Presidente, advirtió que su uso depende del contexto y que ciertas decisiones pueden afectar la percepción pública sobre la independencia judicial.

A seis meses de aquellas declaraciones, el abogado constitucionalista fue designado por decreto por el propio Milei. Desde su entorno señalaron que su afirmación ante el Senado fue hecha en respuesta a un escenario hipotético y que «los contextos son importantes».

En su exposición ante la Cámara alta, García-Mansilla había planteado un criterio similar al referirse a la ampliación de la Corte Suprema. Explicó que, aunque es una facultad prevista en la Constitución, su implementación puede generar «descrédito en el Poder Judicial» si responde a intereses políticos coyunturales.

En el mismo sentido, cuando se le preguntó si un juez nombrado en comisión podría ver afectada su independencia, respondió que «es posible» que esa situación genere presiones al fallar en causas donde esté involucrado el Poder Ejecutivo.

La designación de García-Mansilla por decreto abre interrogantes sobre su postura y la interpretación de sus declaraciones previas. A la vez, reaviva el debate sobre el uso de mecanismos constitucionales excepcionales en el ámbito judicial y su impacto en la estabilidad institucional.