Las dos CTA rechazaron la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema y acusaron al Gobierno de actuar con «soberbia» y sin respetar las instituciones. Ambas organizaciones advirtieron sobre una «nueva degradación de la convivencia democrática» y señalaron que la medida busca «garantizar la impunidad» en el marco del escándalo por el criptogate.

En un comunicado conjunto, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma cuestionaron la decisión del presidente Javier Milei, afirmando que «esconde las verdaderas razones de por qué no fueron ratificados por el Senado». Además, remarcaron que Lijo recibió más de 30 impugnaciones y García-Mansilla otras 20, lo que, según indicaron, pone en duda su «idoneidad» para ocupar el máximo tribunal del país.

Críticas a la decisión presidencial

Las organizaciones sindicales denunciaron que la designación por decreto vulnera el respeto por las instituciones de la República. «En otro acto antidemocrático y con toda soberbia, Milei decidió pasar por encima del Parlamento e insistir con estos jueces», expresaron. En esa línea, calificaron la postura del mandatario como «una preocupante tendencia autoritaria» y lo acusaron de atacar «permanentemente la Constitución Nacional y los derechos del pueblo».

Desde la oposición también se sumaron voces en contra de la medida. Diversos dirigentes consideraron que los nombramientos por decreto representan un avasallamiento contra el Congreso y afectan la división de poderes. Incluso, algunos sectores analizan llevar el caso ante la Justicia para frenar la maniobra del Gobierno.

Advertencia sobre la democracia

Las centrales sindicales alertaron que la política de Milei busca «concentrar el poder absoluto de la Nación» y señalaron que los nombramientos de Lijo y García-Mansilla podrían tener implicancias en futuras causas judiciales sensibles para la gestión actual. «Es evidente que se trata de una maniobra para garantizar la impunidad de Milei y su círculo más cercano», afirmaron.

Por último, hicieron un llamado a la sociedad para «defender la democracia y las instituciones». En ese sentido, remarcaron que el Poder Ejecutivo «debería promover y respetar» la convivencia democrática, pero en su lugar está profundizando un «clima de confrontación permanente».