El Gobierno dio marcha atrás con una medida que generó rechazo generalizado. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025, que avalaba el uso de términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar a personas con discapacidad intelectual. La decisión provocó críticas de especialistas y organizaciones del sector.

Polémica por una clasificación obsoleta

El documento oficial definía a una persona de entre 0 y 30 años como «idiota». Para quienes tenían entre 30 y 50 años, se utilizaba el término «imbécil». En mayores de 50 años, la resolución incluía las categorías «débil mental profundo», «moderado» o «leve», según la edad.

El Doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor universitario Julen Bollain se sumó a las críticas y calificó la medida como una «barbaridad». Además, advirtió que la clasificación contradice acuerdos internacionales sobre discapacidad y derechos humanos. Varios organismos se sumaron al rechazo de estas acciones, entre ellos el Foro Permanente Discapacidad.

Corrección y compromiso con nuevas normativas

Ante la repercusión, la ANDIS aclaró que el uso de estos términos fue un error derivado de una «terminología obsoleta». La entidad modificará la resolución para ajustarse a los estándares vigentes, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).

Según el organismo, la corrección no afectará los criterios de evaluación para acceder a beneficios y pensiones. También aseguró que el sistema seguirá siendo «justo y transparente». La evaluación continuará basándose en criterios médicos y socioeconómicos para garantizar que las pensiones no contributivas por invalidez laboral lleguen a quienes las necesitan.

Cambios en la renovación del Certificado de Discapacidad

La polémica coincidió con otro cambio en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). A través de la Resolución 2520/2024, el Gobierno estableció que los certificados con vencimiento en 2025 se prorrogarán automáticamente por un año.

Sin embargo, quienes debían actualizar su CUD en 2022, 2023 o 2024 sí deberán realizar el trámite durante 2025. La extensión no los incluye. Según la ANDIS, la medida busca garantizar la continuidad de derechos sin generar complicaciones burocráticas.

La rectificación por parte del gobierno de Javier Milei de la Resolución 187/2025 y los cambios en el Certificado de Discapacidad reflejan la importancia de revisar con precisión las normativas del sector. Especialistas y organizaciones insisten en evitar retrocesos en políticas de inclusión y asegurar que las decisiones gubernamentales respeten los derechos de las personas con discapacidad.