La Procuración General de la provincia de Buenos Aires inició un sumario administrativo contra la fiscal Sabrina Cladera, quien permitió la liberación de T.G., el adolescente que, semanas después, participó en el asesinato de Kim Gómez, la niña de siete años atropellada en un asalto en La Plata.

La decisión de iniciar el sumario fue tomada por la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, a cargo de Miguel de Lezica, en un procedimiento que suele activarse en casos de alto impacto social. Sin embargo, expertos en derecho anticipan que el proceso difícilmente derive en una sanción, ya que la fiscal habría actuado dentro del marco legal vigente.

Un antecedente que pudo evitarse

El 1 de febrero, T.G. y tres adolescentes de 16, 15 y 14 años intentaron robar un vehículo en Calle 61 entre 14 y 15. La policía los detuvo, pero la fiscal Cladera determinó que, debido a su edad y a la naturaleza del delito, el joven debía ser entregado a sus padres sin mayores restricciones.

Martina, la joven de 20 años que sufrió el intento de robo, expresó su indignación al recordar que ella pasó más tiempo en la comisaría que los delincuentes. «La madre lo fue a buscar como si estuviera en la escuela y lo hubieran amonestado. Fue increíble. Yo seguía ahí y ellos ya estaban en su casa», relató.

La defensa legal de Cladera y el rol del sistema judicial

Especialistas en derecho penal sostienen que la fiscal aplicó lo que establece el Código Procesal Penal de la provincia. Según el artículo 161, un fiscal puede liberar a una persona detenida si considera que no pedirá la prisión preventiva en su contra.

Desde la Procuración General, fuentes judiciales aclararon que la investigación no busca evaluar el desenlace del caso, sino determinar si la fiscal interpretó correctamente las normativas vigentes. «El robo en grado de tentativa no es motivo suficiente para ordenar la detención del acusado, incluso cuando existen antecedentes», indicaron.

Un sumario sin consecuencias reales

Aunque el proceso administrativo avanza, todo indica que Cladera no enfrentará sanciones significativas. La máxima penalización posible, en caso de que se comprobara un error en su accionar, sería una suspensión de hasta 30 días. Solo si se detectara la comisión de un delito, su caso pasaría a la Secretaría de Enjuiciamiento.

El crimen de Gómez reavivó el debate sobre la actuación de la justicia en casos de delincuencia juvenil. Para muchas familias, la idea de que fiscales y jueces liberen a reincidentes sin medidas de control refuerza la sensación de impunidad y pone en discusión el funcionamiento del sistema judicial.