Los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla siguen en la cuerda floja en el Senado, tras la decisión del presidente Javier Milei de designarlos en comisión en la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto, medida que generó un fuerte rechazo en la Cámara alta.

Malestar en el Senado por las designaciones por decreto

La decisión del Ejecutivo de avanzar con las designaciones antes del inicio del período ordinario de sesiones se interpretó como una maniobra arbitraria. La jura de García Mansilla la semana pasada no modificó el panorama: su pliego sigue sin las nueve firmas necesarias para su tratamiento en el recinto. Sin embargo, fuentes legislativas indicaron que solo faltaría una firma para completar el trámite, lo que podría definir su futuro en los próximos días.

En el caso de Lijo, su pliego ya está habilitado para su discusión en el Senado. No obstante, el magistrado enfrenta un obstáculo adicional: la Corte Suprema rechazó su pedido de licencia extraordinaria, lo que lo obliga a renunciar a su juzgado en Comodoro Py si quiere asumir en el máximo tribunal.

División política y estrategias en debate

El rechazo a la estrategia de Milei es transversal. Un sector del kirchnerismo busca unificar posturas y presiona para avanzar con el rechazo de los pliegos. “Terminar de admitir esto es terminar con el Parlamento”, afirmó un senador del interbloque peronista. Otro legislador fue más tajante: “Si no caen los dos, estamos fritos”.

Sin embargo, no hay unanimidad en el bloque K respecto de Lijo, y en la UCR ocurre algo similar. El partido, liderado por Martín Lousteau, mantiene silencio, con la excepción del senador Pablo Blanco, quien pidió una sesión especial, aunque sin éxito hasta ahora.

El PRO, bajo la conducción de Mauricio Macri, también se manifestó en contra de las designaciones por decreto, aunque sin tomar una acción concreta. Mientras tanto, en Las Provincias Unidas, un espacio clave para la gobernabilidad en el Senado, también hubo críticas a la medida, incluida la senadora Alejandra Vigo, quien meses atrás había respaldado la idea de una mujer en la Corte en lugar de Lijo.

Dilema político y consecuencias jurídicas

A pesar del rechazo generalizado, el debate no está cerrado. Varios senadores temen que, si Lijo no llega a la Corte, permanezca en su juzgado en Comodoro Py con mayor poder que antes, y si resulta aprobado sin respaldo político sólido, podrían enfrentarse a un futuro ministro del máximo tribunal.

El rechazo legislativo a los pliegos abre una incógnita jurídica. El Gobierno sostiene que, según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, los jueces designados en comisión pueden permanecer en sus cargos hasta noviembre, salvo que sean removidos por juicio político. Desde el Senado, en cambio, argumentan que los nombramientos deben ser validados por la Comisión de Acuerdos, por lo que un eventual rechazo dejaría sin efecto las designaciones.

En este clima de incertidumbre, la próxima sesión del Senado será clave para definir si Lijo y García Mansilla consolidan su ingreso en la Corte Suprema o si el Congreso logra bloquear la maniobra del Ejecutivo.