El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, y a su esposa, la ex senadora Beatriz Rojkes, en una causa por enriquecimiento ilícito. La investigación se centra en el notable incremento patrimonial que la pareja habría experimentado durante los años en los que ocuparon cargos de poder.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz. En su presentación, alertó sobre un crecimiento patrimonial «apreciable e injustificado» de Alperovich y su familia. Además, la denuncia también alcanza a otros familiares y allegados del matrimonio.

Tras analizar la documentación y los elementos probatorios, el fiscal Marijuan determinó que las conductas denunciadas podrían encuadrarse en el delito de enriquecimiento ilícito, que prevé penas de hasta seis años de prisión.

Detalles de la denuncia y el proceso judicial

La investigación tiene como eje central el presunto aumento desproporcionado de los bienes y activos de Alperovich y Rojkes durante su gestión en el poder. La denuncia sugiere que la evolución patrimonial de la pareja no se condice con sus ingresos declarados, lo que motivó la intervención de la justicia.

El delito de enriquecimiento ilícito se configura cuando un funcionario o ex funcionario no puede justificar el origen de su patrimonio. En este caso, la fiscalía analizará declaraciones juradas, movimientos bancarios y bienes adquiridos durante los años de gestión de Alperovich como gobernador de Tucumán (2003-2015) y de Rojkes como senadora nacional y presidenta provisional del Senado.

La acusación también involucra a personas cercanas al matrimonio, lo que amplía el alcance de la investigación. La justicia intentará determinar si existió un esquema de ocultamiento de bienes a través de testaferros o estructuras societarias que permitieron disimular el crecimiento patrimonial.

El impacto del caso y los próximos pasos

La imputación de Alperovich y Rojkes se suma a otros procesos judiciales que enfrenta el ex gobernador. En paralelo, Alperovich está imputado en otra causa por abuso sexual, en la que fue denunciado por una sobrina que trabajó como su asistente.

La justicia deberá ahora avanzar con la recolección de pruebas, pericias contables y testimonios para determinar si efectivamente hubo un incremento patrimonial ilícito. De comprobarse, el ex gobernador y su esposa podrían enfrentar penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El caso genera repercusiones en la política tucumana, donde Alperovich supo ser una de las figuras más influyentes. Mientras la investigación avanza, el ex mandatario y su entorno guardan silencio y aún no han emitido declaraciones sobre la imputación.

El proceso judicial recién comienza, y en las próximas semanas se espera que la fiscalía solicite más medidas para esclarecer el caso. La atención estará puesta en la evolución de la investigación y en las eventuales resoluciones que adopte la justicia federal.