El Gobierno de Javier Milei, en cuanto inició su administración, avanzó con una serie de reformas y medidas. A más de un año de ese momento, las modificaciones continúan y el nuevo objetivo de La Libertad Avanza (LLA) es armar una ley migratoria más dura para quienes quieran ingresar al país a vivir, mientras que también sea sencillo deportar a personas condenadas.

El proyecto ya se está confeccionando de manera conjunta con casi todos los ministerios, por lo que será un cambio radical para Migraciones. En Casa Rosada le adelantaron a La Nación que será enviado «en las próximas semanas, lo antes posible», aunque reconocen que están «esperando el momento político para introducirlo».

El gran objetivo de esta nueva ley migratoria es evitar los tours sanitarios, lo que generaría una repercusión también en las inscripciones en la educación pública universitaria. «Se fijarían parámetros para que sea menos fácil obtener la residencia y subir los requisitos para acceder a la ciudadanía», indicaron estas mismas fuentes que detallaron algunos de los requisitos que incorporarán como residencias temporarias o residentes sin educación pública universitaria, entre otros.

En cuanto a salud, la idea del Gobierno es que quienes ingresen al país tengan que firmar declaraciones juradas en las que expresen el compromiso de que no harán uso de la salud pública. «No se puede seguir financiando tours sanitarios con personas que acá se someten a tratamientos costosos, como quimioterapia o trasplantes, y después se llevan medicaciones a su país. No tenemos margen. Distinto es si la persona viene al país y tiene una emergencia», señalaron.

Ley Mgratoria: como serán las deportaciones

En cuanto a las causales de expulsión del país, predomina la idea de que se disponga la expulsión de los condenados con penas condicionales, no así los extranjeros que tengan condenas con cumplimiento efectivo porque sería favorecerlos. También se contempla expulsar a quienes promuevan daños contra el patrimonio público.

«Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Queremos que los extranjeros que estén en forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan», indicaron desde Casa Rosada al respecto.

En la letra del proyecto trabajan las carteras de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich; de Justicia, en cabeza de Mariano Cúneo Libarona, y la Jefatura de Gabinete, de Guillermo Francos, de la que depende la Dirección Nacional de Migraciones. Aparentemente, las bases de esta iniciativa ya estarían armadas y solo quedan los detalles para que envíen el proyecto que sería tratado a lo largo de este año.