El gobierno de Javier Milei reaviva el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad con la intención de lograr apoyo en el Congreso y avanzar con una reforma clave en su agenda de seguridad. Este miércoles, en un plenario de comisiones, se retomará la discusión, con el oficialismo apostando a fracturar al peronismo para asegurarse los votos necesarios.

El proyecto del Poder Ejecutivo, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas opositoras plantean fijarla en 14, un punto en el que el Gobierno podría ceder para alcanzar un consenso.

El debate se reabrirá en las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Familia, Niñez y Juventudes, presidida por la diputada del PRO Laura Machado. En esta instancia, se buscará un dictamen de mayoría que permita llevar la discusión al recinto. La sesión comenzará a las 10, antes de la prevista para tratar el escándalo cripto a las 12.

Entre los proyectos en discusión, destaca el del diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, quien propone bajar la edad a 14 años. Su iniciativa cuenta con el respaldo de otros cinco legisladores massistas y marca una diferencia dentro de Unión por la Patria, donde la mayoría rechaza la reforma. Desde su espacio advierten que sin financiamiento y sin la creación de nuevos centros de detención, la reforma será ineficaz.

La mayoría de los proyectos presentados —excepto los de las diputadas Natalia Zaracho y Eugenia Alianiello— plantean una reducción de la edad de imputabilidad. Mientras el oficialismo propone 13 años, el libertario Álvaro Martínez sugiere 12, y la mayoría de la oposición coincide en 14. Algunas iniciativas, como la de la radical Carla Carrizo, establecen criterios adicionales, como que solo se aplique para delitos graves con penas mayores a 10 años.

Propuestas de sanciones a menores que cometen delitos

El debate también incluye propuestas sobre sanciones alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, prohibiciones de acercamiento y monitoreo electrónico. En cuanto a la reclusión, se plantea la creación de centros especializados para menores, aunque el oficialismo sostiene que cada jurisdicción deberá definir su implementación.

Uno de los puntos más controvertidos es el tiempo máximo de prisión para menores. El Poder Ejecutivo propone un límite de 20 años, mientras que otros proyectos lo reducen a entre 10 y 15. La iniciativa del libertario Álvaro Martínez es la más específica, con penas de hasta 7 años como regla general y excepciones que alcanzan los 15 años para delitos graves cometidos por adolescentes mayores de 16.