El ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, advirtió sobre la gravedad institucional que representa la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto del Poder Ejecutivo. En sus declaraciones, sostuvo que esta decisión compromete la seguridad jurídica del país y puede afectar la llegada de inversiones.

Saravia Frías, quien ocupó el cargo entre 2017 y 2019, consideró que la designación en comisión de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo es una situación «grave» con implicancias éticas, políticas y jurídicas. Asimismo, sostuvo que esta medida podría generar consecuencias económicas debido a la falta de garantías en el cumplimiento de la ley.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el jurista explicó que la Constitución establece que para nombrar jueces deben intervenir tanto el Poder Ejecutivo como el Senado, con una mayoría de dos tercios. En ese sentido, subrayó que los magistrados tienen estabilidad en sus funciones mientras mantengan una buena conducta, lo que garantiza su independencia.

Una medida cuestionada

El ex Procurador destacó que la designación por decreto contradice el principio de estabilidad judicial. «Es tratar de aplicar una excepción para algo que debería ser permanente», advirtió. Según su postura, esta decisión representa un «error gravísimo» en la administración de justicia.

Saravia Frías también se refirió a la falta de consenso sobre los jueces propuestos. «Con ninguno de los dos jueces había consenso de ninguna índole. Entonces, si no se pasa el filtro del Senado, tenemos un problema», señaló. Además, puso en duda la validez de sus futuras resoluciones judiciales en caso de que sus pliegos sean rechazados por la Cámara Alta.

Bajo este marco, calificó la designación como un «artilugio legal» que genera inseguridad jurídica. A su criterio, si los jueces no cuentan con la estabilidad requerida, sus fallos podrían carecer de validez, lo que provocaría un escenario de incertidumbre.

Impacto en la seguridad jurídica y la economía

Según Saravia Frías, este tipo de medidas afectan directamente la seguridad jurídica del país. «Sin Justicia no hay seguridad jurídica y sin seguridad jurídica no hay inversiones», afirmó. En ese sentido, destacó que los inversores necesitan reglas claras y previsibles para operar en el país, algo que podría verse afectado si se deslegitima el proceso de designación de jueces.

Las críticas de Saravia Frías se suman a otras voces del ámbito jurídico y político que han expresado su preocupación por la designación de jueces por decreto. La discusión sobre el procedimiento y sus implicancias continuará en el centro del debate público en los próximos días.

Finalmente, insistió en la importancia de respetar los mecanismos constitucionales para garantizar la independencia judicial. «Si el Senado rechaza sus pliegos, ¿qué valor tienen sus sentencias?», cuestionó. Para el ex Procurador, la situación genera incertidumbre y podría debilitar la confianza en las instituciones.