El Gobierno, por medio del Ministerio de Seguridad, denunció a los barras y militantes detenidos durante el enfrentamiento en el Congreso en el marco de la marcha en defensa de los jubilados. Desde LLA los acusan de los delitos de sedición, atentado al orden Constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada. Además, pidió a la Justicia que «se requiera la declaración de incompetencia por ‘inhibición’» a la jueza que los liberó, Karina Andrade, y apuntan contra los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Fernando Espinoza (La Matanza) como miembros de esta banda delictiva.

La cartera que dirige Patricia Bullrich presentó en su denuncia que había grupos organizados «profesionales de la violencia» a los cuales les pagaban $50.000 para «provocar disturbios» enfrentando a la policía y generar «represión». Esos grupos no solo provendrían de las parcialidades del fútbol, sino también del gremialismo y de la política. Efectivamente, los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional, comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego. Incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero.

Esta presentación, la cual fue compartida por TN, agrega: «El principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti, quien sería un ‘amigo y protegido’ del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo. Los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. A la brevedad aportaremos imágenes que ilustran lo expresado».

«Esos grupos actuaron clara y evidentemente en forma organizada, movilizando un gran número de personas que ejercieron actos de violencia de extrema gravedad. La violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos 7 contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo miguelito para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones», añadieron desde el Gobierno.

En este sentido, plantean que hay una posible participación de los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, debido a que en sus municipios se concentraron una parte de los manifestantes que concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos y ellos estarían al tanto de lo ocurrido, sin ponerle un freno a estos grupos violentos.

El Gobierno pidió apartar a la jueza Andrade

Respecto a la jueza Karina Andrade, desde el Gobierno señalan que «se advierte un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia» por haber liberado a 114 detenidos que fueron capturados durante la movilización en Plaza de Mayo.

«Por tales razones estamos evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», indica la denuncia que pide la «declaración de incompetencia por el sistema de ‘inhibitoria procesal’, ya que los hechos allí investigados son un conjunto de acciones directamente relacionadas con los tipos penales ahora denunciados».