La intendenta de Catriel, localidad de Río Negro, rompió el silencio luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Alberto Ariaudo, la amenazara con un arma de fuego dentro del edificio municipal. Aparentemente, Daniela Salzotto querría implementar un narcotest para los dirigentes políticos y esto desató las amenazas en su contra.

«Este sábado, cuando se realizó la formulación de cargos, ya presentó la renuncia. Yo no voy a aceptar ningún tipo de sobornos ni situaciones de violencia. No me quedo tranquila. Voy a seguir luchando para que se haga justicia y esté detenido, que se ponga a disposición si requiere tratamiento o lo que sea», anunció la intendenta en diálogo con C5N.

La dirigente de Catriel aseguró que las amenazas y el hostigamiento de parte de Ariaudo comenzó hace un año y que la situación del viernes fue una «instancia extrema» que excedió todos los límites posibles: «No tenemos que permitir la naturalización de la violencia, por más disidencias que haya, bajo ningún punto de vista», añadió.

«Yo me hago cargo: elegí a este ciudadano para que me acompañara en la fórmula porque creí en las formas genuinas, porque era un pibe de la localidad que se había formado. Pero el poder o lo que fuese, el poner límites a las situaciones de sobornos y violencia que uno iba evidenciando, llevó a que evidentemente se saliera de su eje o mostrara su forma de manejarse«, lamentó la funcionaria de Río Negro sobre Alberto Ariaudo.

En este plano, analizó el comportamiento del presidente del Concejo Dliberante y llegó a la conclusión de que «él nunca toleró que una mujer fuese pensante, que le pudiese decir que no a todo lo que se le ocurría. Veníamos con diferencias en la etapa previa a asumir. Él era una persona de mi confianza que encabezó conmigo la lista, pero cada vez quería más poder y tomar decisiones fuera de su rol de presidente del Concejo».

Río Negro: quedó en libertad Ariaudo

Ariaudo llegó detenido a la audiencia de formulación de cargos que se realizó este sábado, pero quedó en libertad tras pedir disculpas y presentar su renuncia. La Justicia lo obligó a fijar y mantener domicilio y a presentarse en las dependencias locales una vez por semana. También le impuso una prohibición de acercamiento: no puede estar a menos de 300 metros de la casa de la intendenta, del Municipio y de la sede del Concejo Deliberante.