El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, a través del consejero Marcelo Meis, solicitó formalmente al Congreso de la Nación la derogación de la Ley 24.588, conocida como «Ley Cafiero», que desde su sanción en 1995 limitó el alcance de la autonomía judicial de la Ciudad. La petición se da en el marco del fallo “Levinas” de la Corte Suprema, que en diciembre pasado habilitó la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño en causas de la justicia nacional con sede en la Ciudad.

El pedido fue formalizado este martes mediante una nota enviada a 29 legisladores nacionales, instándolos a impulsar un proyecto que derogue la normativa promovida en su momento por el histórico dirigente peronista Antonio Cafiero.

Un reclamo histórico por la plena autonomía judicial

La Ley Cafiero estableció en su artículo 8 que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires “mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”. A su vez, limitó las facultades jurisdiccionales de la Ciudad a cuestiones de vecindad, contravenciones, faltas, contencioso-administrativas y tributarias locales.

Desde su sanción, esta normativa se señaló como una restricción a la autonomía que la reforma constitucional de 1994 le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo en el artículo 129 de la Constitución Nacional un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción.

El fallo “Levinas” de la Corte Suprema, emitido en diciembre de 2024, avivó el debate sobre la autonomía judicial porteña al habilitar la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en causas apeladas provenientes de la justicia nacional con sede en el distrito. Esta decisión representó un avance significativo en la consolidación de la autonomía porteña en materia judicial.

El fundamento del pedido

En su nota a los legisladores, Meis argumentó: “La Ley Cafiero ha sido desde su inicio un límite a la autonomía de la Ciudad. La norma establece la plena autonomía institucional, financiera y legislativa de la Ciudad y colisiona con la mayoría de los artículos de la ley 24.588”. El consejero también mencionó acuerdos previos entre el Estado Nacional y la Ciudad para el traspaso de funciones y servicios, así como antecedentes jurisprudenciales donde la Corte Suprema equiparó a la Ciudad con las provincias en cuanto a la competencia de sus tribunales.

Además, Meis subrayó que la decisión del máximo tribunal en el caso Levinas refuerza la necesidad de eliminar el artículo 8 de la Ley Cafiero, que aún restringe la autonomía judicial porteña. “La competencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia, establecida por el fallo Levinas, y el carácter transitorio de los tribunales ordinarios de la Ciudad, han quitado de eficacia al artículo 8 de la Ley Cafiero”, afirmó.

En el tramo final de su solicitud, Meis instó a los legisladores a avanzar con la derogación de la norma: “Apelo a usted por la representación que ejerce de la Ciudad y de su autonomía, para impulsar la derogación definitiva de la ley 24.588. La justicia ya se ha pronunciado. Ahora hace falta que el Congreso repare la injusticia de treinta años, poniéndose al frente de la reivindicación de los derechos de los habitantes de esta Ciudad”.

Los legisladores que recibieron el pedido

Entre los destinatarios de la solicitud se encuentran diputados de diferentes fuerzas políticas, incluyendo a Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Nicolás Emma, Maximiliano Ferraro, Álvaro González, Carlos Heller, Ricardo López Murphy, Gisela Marziotta, Paula Penacca, Martín Tetaz y María Eugenia Vidal.

En el Senado, la nota se dirigió a Martín Lousteau, Mariano Recalde y Guadalupe Tagliaferri.

El pedido de derogación de la Ley Cafiero abre un nuevo capítulo en el reclamo por la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires. La discusión ahora recae en el Congreso, donde la correlación de fuerzas determinará si este avance judicial se traduce en un cambio legislativo que le otorgue a la Ciudad el mismo estatus que las provincias en términos de administración de justicia.