El Poder Ejecutivo apuesta a fondo para evitar el naufragio de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Con ambos expedientes listos para ser tratados en el recinto del Senado y con una mayoría agravada difícil de alcanzar, el Gobierno inició una ronda de contactos políticos para reabrir el diálogo con distintos bloques, incluido el kirchnerismo.

La decisión de la vicepresidente Victoria Villarruel de posponer la sesión, originalmente prevista para este jueves, fue clave: otorgó a la Casa Rosada una ventana de dos semanas para intentar alcanzar un acuerdo. En ese tiempo, los operadores judiciales del oficialismo intentarán cerrar un paquete más amplio de negociaciones que incluya otras designaciones pendientes, como la Procuración General, la Defensoría del Pueblo y más de 140 cargos en el Poder Judicial.

Lijo, eje de la tensión política

A diferencia de García-Mansilla, quien ya juró y forma parte de la Corte, Lijo aún no fue habilitado a asumir. Esto genera una tensión extra para el oficialismo, que enfrenta el rechazo de varios sectores, incluso de algunos aliados. La jugada de haber avanzado con los nombramientos vía decreto encendió las alarmas en el Senado, donde muchos legisladores anticiparon que podrían rechazar los pliegos como gesto político ante lo que consideran una maniobra política, mas no inconstitucional.

Desde el oficialismo advierten que no cederán ante la posibilidad de retirar los nombres propuestos, especialmente el de García-Mansilla. La intención es sostener la propuesta original y negociar sobre el resto del paquete judicial como vía para destrabar el conflicto.

Negociaciones bajo presión

El nombramiento de Lijo no solo enfrenta resistencias por motivos políticos: su peso dentro de Comodoro Py, su cercanía con Ricardo Lorenzetti y el vínculo con la jueza María Servini —quien quedó a cargo de la causa $LIBRA— también generan divisiones internas. Mientras tanto, el Gobierno observa con atención la reciente fractura del bloque de Unión por la Patria (UxP) en el Senado, donde cuatro legisladores formaron un nuevo espacio, «Convicción Federal». Esta escisión podría alterar el mapa de votaciones y jugar en favor del oficialismo.

La postergación de la sesión la negoció Villarruel con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aunque mantiene tensiones con otros funcionarios, la vice logró sintonizar con Balcarce 50 y evitar un tratamiento anticipado que habría expuesto al oficialismo a una derrota segura.

Riesgos institucionales en puerta

Los pliegos tienen dictamen favorable desde hace semanas, pero el contexto político y judicial es cada vez más adverso. El caso $LIBRA, la controversia por el procedimiento de los nombramientos y la falta de apoyo mayoritario configuran un escenario de alta incertidumbre. En paralelo, la Corte Suprema se muestra cautelosa: le tomó juramento a García-Mansilla, pero no habilitó la licencia extraordinaria para Lijo, lo que impide que asuma sin dejar su actual juzgado.

A pesar de las resistencias, en la Casa Rosada insisten en que no retirarán a Lijo. La próxima sesión será decisiva: el Gobierno buscará cerrar filas con los bloques aliados y volver a tender puentes con la oposición para evitar un nuevo traspié institucional.