Luego de que el Senado rechazara los pliegos para ocupar vacantes en la Corte Suprema, el juez Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar contra Manuel García-Mansilla. La resolución impide que intervenga en causas del tribunal por un plazo de tres meses. Además, el fallo también prohíbe que Ariel Lijo asuma sin el aval legislativo.

En su dictamen de 73 páginas, Ramos Padilla ordenó que García-Mansilla «se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite por ante la Corte Suprema» mientras siga en calidad de juez «en comisión». De incumplirlo, podría enfrentar sanciones penales o pecuniarias.

En cuanto a Ariel Lijo, el juez dispuso que no se le tome juramento como integrante del máximo tribunal bajo esta condición. La medida aplica incluso si renuncia a su cargo como juez de primera instancia o si se le concede la licencia que había solicitado y que la Corte le había rechazado.

El fallo «Aparicio» y el papel del Senado

Para justificar la cautelar, Ramos Padilla citó el caso «Aparicio», un fallo de la Corte Suprema de 2015. En esa sentencia, el tribunal declaró inconstitucional la designación de abogados conjueces sin acuerdo del Senado. La decisión reforzó el rol del cuerpo legislativo en la selección de magistrados.

«Resultaba necesario dar aun más vigor al rol del Senado en el procedimiento y, en consecuencia, estableció que el acuerdo que dicho cuerpo confiere al candidato propuesto debe contar con el voto de una mayoría calificada», recordó Ramos Padilla en su resolución.

Desde la reforma constitucional de 1994, la designación de jueces requiere el aval del Senado. Según el magistrado, esto también se aplica a los jueces designados en forma provisoria, como es el caso de García-Mansilla y Lijo.

Futuro incierto para García-Mansilla y Lijo

El rechazo del Senado dejó a ambos magistrados sin la legitimación mínima para integrar la Corte Suprema. Ahora resta saber si el Gobierno de Javier Milei insistirá en sostener a García-Mansilla o si este acatará la cautelar. La situación de Lijo también sigue en incertidumbre, ya que su asunción depende de una nueva decisión política.