El diputado nacional de Encuentro Federal, Esteban Paulón, presentó un proyecto de ley para exigir que el Gobierno formalice las funciones de Santiago Caputo. El asesor presidencial es una de las figuras más influyentes del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, no figura como funcionario. Está contratado bajo un acuerdo de locación de servicios.

“NO SEAS FANTASMA, SANTI”, publicó Paulón en su cuenta de X. En ese mensaje, denunció que Caputo “no responde legalmente ante nada”, a pesar de su rol central en la Casa Rosada. En ese sentido, el legislador santafesino consideró inadmisible que una persona con tamaño nivel de influencia no esté sujeta a los controles que corresponden a un funcionario de alta dirección.

La iniciativa fue impulsada junto a la diputada Mónica Fein en octubre de 2023. Ahora vuelve al debate público, tras las declaraciones de Milei, quien reconoció que Caputo tiene más poder que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Un proyecto para transparentar cargos de alta dirección

El proyecto de ley presentado busca modificar la Ley de Ética Pública. En concreto, propone incorporar un párrafo que defina como «Alta Dirección Pública» a todas las funciones establecidas en el artículo 99 de la Constitución Nacional, así como a aquellas delegadas por el presidente, sus secretarios, el jefe de Gabinete o los ministros a asesores, consultores u otros funcionarios.

La norma establece que, en caso de que estos asesores intervengan en decisiones que competen directamente al presidente, deberán cumplir con todas las obligaciones de transparencia propias de los cargos jerárquicos. Esto incluye gestión de intereses, publicidad de actos de gobierno y control legislativo de sus actos.

Además, el proyecto plantea que todos los funcionarios con contratos que impliquen remuneraciones iguales o superiores a 1.500 Unidades Retributivas del Sistema Nacional de Empleo Público deban presentar una declaración jurada patrimonial. Esta obligación regiría sin importar el tipo de vínculo contractual.

Según Paulón y Fein, resulta indispensable que personas con tamaña responsabilidad en el diseño de las políticas del Gobierno sean controladas. “No podemos aceptar que haya funcionarios en las sombras que no rindan cuentas antes, durante y después de su paso por el Estado”, remarcaron.

Los legisladores subrayaron que el objetivo de esta reforma es fortalecer e independizar a la Oficina Anticorrupción (OA). De esa manera, se busca facilitar el control patrimonial sobre quienes asumen responsabilidades de alto nivel en el Poder Ejecutivo.

Bajo ese marco, la propuesta también procura evitar zonas grises en la estructura estatal, donde asesores informales tienen poder de decisión sin estar sujetos a normas de transparencia. El caso de Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del gobierno de Milei, expone las limitaciones actuales del sistema normativo.

El debate sobre la institucionalización de los asesores con peso político cobra fuerza en medio de un contexto de creciente demanda de rendición de cuentas. El Congreso deberá discutir si es necesario actualizar los marcos legales para garantizar una mayor transparencia en la administración pública nacional.