En medio del ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Defensa protagonizó un escándalo que genera fuertes críticas. Según una investigación periodística, el titular de la cartera, Luis Petri, autorizó compras de computadoras, teléfonos celulares de alta gama, televisores 4K y numerosos electrodomésticos por un monto que supera los 665 millones de pesos.

La primera de las operaciones se concretó el 15 de noviembre, en vísperas del Black Friday, cuando Defensa adquirió equipos informáticos, placas de video, routers y televisores por un total de 354.340 dólares. A valores actuales, la compra equivale a más de 410 millones de pesos. Apenas cuatro días después, el ministerio firmó una segunda contratación: la provisión de artículos del hogar como heladeras, cafeteras, hornos, freezers y aires acondicionados, por otros 235 millones de pesos. En ambos casos, se detectaron ampliaciones posteriores que elevaron los montos iniciales.

El Ministerio de Defensa de Petri autorizó compra de cafeteras y otros artefactos domésticos

Más allá de la magnitud de los números, las compras también llaman la atención por los precios pagados. Algunos artículos fueron adquiridos a valores superiores a los de mercado. Por ejemplo, dos televisores 4K de 50 pulgadas se compraron a 717 dólares cada uno, aunque actualmente esos modelos pueden conseguirse por una cifra bastante menor. Asimismo, se incorporaron 74 equipos de aire acondicionado, 14 heladeras, 15 cafeteras y decenas de otros pequeños electrodomésticos.

En paralelo, el Ministerio de Defensa autorizó la compra de celulares de alta gama para funcionarios y personal de comunicación institucional. A través de órdenes de compra fechadas en octubre y diciembre de 2024, se adquirieron doce teléfonos Samsung Galaxy A55 5G a un valor unitario de 1,3 millones de pesos. Además, la Escuela Naval Militar solicitó otro dispositivo de última generación para tareas de difusión en redes sociales. Todo esto ocurrió mientras, desde otras áreas del Gobierno, se pedía a la ciudadanía un esfuerzo adicional para sostener el ajuste.

Este caso no es el único en la administración libertaria. También se registraron compras similares en Seguridad y en otros organismos del Estado, como la Comisión Nacional de Energía Atómica. En todos los casos, se repite la misma lógica: adquisiciones de artículos de alta gama bajo justificativos genéricos, en un contexto de crisis económica y caída del poder adquisitivo.

La polémica se potencia si se considera la situación social: en diciembre, mientras se realizaban muchas de estas contrataciones, jubilados de distintos puntos del país denunciaban no poder costear medicamentos básicos debido a los recortes en programas estatales. Solo con los fondos utilizados en estas compras, el Estado podría haber financiado miles de tratamientos para adultos mayores, uno de los sectores más afectados por el ajuste.